Los grupos municipales Podem Riba-roja y L’Esquerra de Riba-roja han presentado una moción
para reclamar al ayuntamiento que apoye la reforma de la ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,
de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, para establecer un
marco jurídico adecuado que proteja la seguridad de la ciudadanía y garantice de forma efectiva
el libre ejercicio de derechos y libertades, plasmando en la ley el compromiso con la ciudadanía
de nuestro país en el establecimiento de una democracia avanzada.
La actual ley fue probada en el Congreso de los Diputados con el único apoyo del Partido Popular,
entonces en el Gobierno, tras varios años de crisis económica y como reacción a la irrupción
del movimiento 15-M, que generó manifestaciones en contra de los recortes en los principales
pilares del Estado de bienestar como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
La norma aprobada por el PP recrudecía las prohibiciones para las manifestaciones no
autorizadas y responsabilizaba de los daños a los convocantes, al tiempo que incrementaba el
coste mínimo de las infracciones reconocidas.
Desde entonces han sido numerosas las organizaciones e instituciones que trabajan para
preservar los Derechos Humanos que ha señalado la norma como un notable retroceso en
materia de derechos y libertades civiles. En cuanto a los efectos que ha tenido, según datos del
Ministerio del Interior, la cuenta de resultados de la Ley Mordaza en los seis años que lleva en
vigor muestra que se han practicado más de 1,3 millones de sanciones, lo que se traduce en una
cantidad total superior a los 800 millones de euros.
Unidas Podemos lleva desde el año 2016 impulsado en el Congreso la modificación de esta ley,
para establecer un marco legal en el que la salvaguarda de la seguridad ciudadana sea entendida
como el pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por la
ciudadanía y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad, libertad de
expresión, información, reunión y manifestación, introduciendo en la norma los cambios
necesarios para acabar con los artículos que disuaden de ese pleno ejercicio por parte de la
ciudadanía y colectivos específicos, como el de los periodistas e informadores.
Así, se pretende que no se sancione el mero ejercicio pacífico del derecho de reunión ni la
grabación de imágenes de los agentes de la policía y asegurar que la actuación de la policía se
guiará en todo momento por un enfoque de derechos humanos de acuerdo con los estándares
internacionales sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a
utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen
lesiones irreparables, como las pelotas de goma.
La intención es adecuar las actuaciones policiales a las indicaciones, criterios y prevenciones
recomendadas por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y otras organizaciones
internacionales, de tal forma que las relaciones entre agentes de la autoridad y ciudadanía se
rijan por los principios de confianza, servicio público, seguridad jurídica e interdicción de la
arbitrariedad.
Otro de los cambios se orienta a reducir el número de sanciones establecidas en la norma,
eliminando aquellas que son arbitrarias o buscan reprimir el ejercicio de derechos
fundamentales y aminorando aquellas que actualmente resultan desproporcionadas, como las
relativas al consumo de cannabis. Además se trabaja para reducir la cuantía de la sanciones,
estableciendo criterios claros a la hora de reducir el importe de las sanciones en función de la
capacidad de pago de las personas afectadas, de tal forma que paguen más quien más tienen.
En este contexto, Podem Riba-roja y L’Esquerra de Riba-roja ha presentado una moción para
apelar al Gobierno central para que impulse el cumplimiento de las recomendaciones realizadas
por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales respecto
a la adecuación de la legislación de seguridad ciudadana a los estándares avanzados de calidad
democrática, así como a introducir en la Ley las modificaciones necesarias para corregir los
supuestos de inconstitucionalidad indicados por el Tribunal Constitucional.
Asimismo, emplaza al consistorio a apoyar la pronta tramitación parlamentaria de la reforma
de la ley mordaza e insta a reprobar la instrumentalización que, por parte de sectores contrarios
a las recomendaciones de las instituciones europeas, se está realizando en contra de la
modificación de la actual ley de seguridad ciudadana, tratando de romper la necesaria
neutralidad de los cuerpos policiales que precisa un Estado de derecho democrático.
