CAÑONES SÓNICOS
Mientras, las instalaciones siguieron lanzando cañonazos de ondas sónicas para alterar el régimen de las aguas sin ninguna clase de autorización, para desespero de los vecinos de la zona
MADRID, 21 de marzo de 2022
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tardó 232 días en realizar una visita de campo a la finca de Sant Rafel del Riu (Castelló) donde están ubicados dos cañones de onda de choque antigranizo después que el 1 de junio de 2021 el ayuntamiento de la localidad solicitara al organismo de cuenca un informe sobre los requisitos legales de esta clase de instalaciones para combatir el granizo. Fue finalmente el 19 de enero de 2022 cuando los técnicos “constataron la existencia de dichas instalaciones” y que “no disponen de expediente de autorización abierto por parte de su titular, en base al artículo 3 del texto refundido de la Ley de Aguas y del Dominio Público Hidráulico”
Compromís pidió de forma oficial al Gobierno, a finales del agosto pasado, información sobre las autorizaciones emitidas para permitir el uso de sistemas antigranizo, al entender que los impactos sobre la fauna, ruido al que son sometidos los vecinos a cualquier hora del día y cambio en el ciclo natural del agua y en las tormentas de la zona debían contar con alguna autorización. Mulet ha señalado que con estas primeras entregas de documentación “se constata el descontrol en los cielos y la desgana existente en los organismos de cuenca por hacer cumplir la ley de una forma efectiva, real e inmediata ante actividades tan molestas y claramente ilegales de manipulación del ciclo natural del agua. Un escrito de un ayuntamiento pequeño no puede tardar 232 días en realizarse. Esto demuestra un mal funcionamiento del control de la Administración, falta de eficacia e interés por el cambio climático y sus repercusiones, a pesar de estar inmersos en una emergencia climática”, señala el portavoz de Compromís, Carles Mulet.
Los vecinos realizaron durante el mes de septiembre una campaña de recogida de firmas pidiendo la retirada y los ayuntamientos como el de Ulldecona (Tarragona) denunciaron la situación a través de sus autoridades y fuerzas policiales propias.
Otros casos conocidos
A raíz de esta denuncia política de la coalición, se conocieron otros casos de esta clase de instalaciones en Catalunya, Aragón y en otras provincias valencianas en municipios como Gavarda. Respecto este último caso, fue la CHJ quien “debido a la existencia de diversas informaciones en prensa y preguntas parlamentarias … el Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos realiza visita de campo, constatando la existencia de dichas instalaciones” y que “no disponen de expediente de autorización abierto por parte de su titular”. Nuevamente la CHJ incoa procedimiento sancionador, insta a la retirada de las instalaciones y decide “no valorar daños al Dominio Público Hidráulico”, según consta entre los documentos de la respuesta parlamentaria a Compromís. Mulet ha señalado que “si bien la actuación del organismo de cuenca llega, aunque muy tarde es por la existencia de denuncias vecinales y la acción política” y ha urgido a las autoridades a “promover nueva normativa que aborde con la seriedad y el rigor que merece la cuestión ante estos intentos de manipulación a la carta del ciclo del agua y que los infractores sean castigados, sin dejar márgenes a la discrecionalidad o libre interpretación de las existentes como sostenían los propietarios de estas instalaciones”.
