Tras la Sentencia en primera instancia que ya establecía al Instituto Murciano de Acción Social como responsable subsidiario y ante su intento, vía recurso, para evitar el pago, el Tribunal Superior vuelve a dar la razón a CGT, desestima el Recurso presentado por la CARM y confirma la sentencia.
En junio de 2021 el juzgado nº4 de lo Social sentenció que el IMAS como“…organismo de la Comunidad Autónoma, a través de la Asociación demandada, ejerce la prestación de un servicio que corresponde a la propia actividad del IMAS, y que por ley tiene otorgada de manea exclusiva. En atención a lo expuesto, el IMAS debe responder solidariamente del pago de las deudas salariales contraída por la empresa demandada.” De este modo respondía a la demanda presentada por las y los trabajadores de la sección sindical de CGT en AFAPADE, tras el cierre concursal de la Organización, después de más de 7 meses de huelga de estos, por sus derechos laborales, pero sobre todo por los derechos de las personas usuarias enormemente vulnerados durante los meses iniciales de Covid-19, sin indemnización y adeudándoles las subidas salariales de los últimos años.
Ante esta victoria para las trabajadoras, la Comunidad Autónoma presentó Recurso de Suplicación para evitar hacerse cargo del pago alegando que no era responsable solidario del servicio prestado por AFAPADE. Esta argumentación ha sido tumbada por el Tribunal Superior de Murcia quien le recuerda al IMAS que son competencia exclusiva de la Comunidad las materias de asistencia y bienestar social así como de promoción e integración de las personas con discapacidad, siendo esta la finalidad del IMAS, ya sea puesta en práctica de manera directa o a través de conciertos con entidades privadas, por lo que no puede desnaturalizarse que la realidad del servicio prestado, con independencia de la forma o instrumento empleado para ello, es una competencia propia del IMAS y por ello está obligado solidariamente a pagar.
Desde CGT manifiestan que “Más de 7 meses en Huelga, soportando situaciones dantescas por parte de la dirección, cuestionamientos sobre su profesionalidad o intencionalidad… todo ahora queda claro. Se organizaron, plantaron cara y lucharon por sus derechos y así lo reconoce la sentencia.
Cobrarán todo lo que se les debe y lo pagará el IMAS.”
