● La diputada por Castelló de Unides Podem, Marisa Saavedra ha
apoyado también que se archive el procedimiento de expulsión del
joven, como solicitan el consulado de Honduras y Valencia Acull
VALÈNCIA 12/01/23 La diputada por Castelló de Unides Podem, Marisa Saavedra ha
presentado junto con el diputado Ismael Cortés, de la Comisión de Interior, una
pregunta en el Congreso para que se tomen medidas contra los agentes de la Policía
Nacional que participaron en la agresión a un ciudadano de nacionalidad hondureña
en Burjassot.
Los mismos diputados del Grupo Parlamentario Unides Podem ya registraron el 23 de
diciembre preguntas en el Congreso en relación con los hechos acaecidos el 17 de
octubre del pasado año, pero en principio la Policía Nacional había negado su
participación en el incidente.
Marisa Saavedra indica que tras conocer las informaciones relativas a la citación el
próximo 23 de marzo de dos policías nacionales y dos policías locales de Rocafort por
el juzgado de primera instancia e instrucción nº2 de Paterna, de nuevo “exigimos
conocer si se van a tomar medidas en relación con los agentes de la Policía Nacional
que participaron en el dispositivo policial, y si a raíz de este hecho se está llevando a
cabo algún tipo de actuación concreta para evitar que otros similares se vuelvan a
producir”.
Además, Ismael Cortés ha expuesto que “la víctima, no solo fue agredida si no que ha
visto cómo la policía de Burjassot ha propuesto su expulsión por estancia irregular, y el
inicio de un proceso de sanción grave por tenencia de drogas o abandono de
instrumentos relacionados con las drogas que nunca fue comunicada al joven, que
además niega rotundamente la acusación”.
Por ello, Saavedra y Cortés se suman a la petición del Consulado General de Honduras
en Valencia y de la asociación València Acull para que se archive el procedimiento de
expulsión, para lo que han solicitado una reunión con la delegada del Gobierno en la
Comunitat, Pilar Bernabé, aunque todavía no han obtenido respuesta. Y exponen que
tanto la expulsión como la sanción grave por drogas deben ser anuladas ya que esta
actuación policial es un ejemplo paradigmático de racismo institucional.
