● Marisa Saavedra ha recordado las recomendaciones del Defensor
del Pueblo para que no expulse a extranjeros en situación
administrativa irregular que acudan a las comisarías a denunciar
delitos
VALÈNCIA 20/02/23 – La diputada de Unides Podem por Castelló en el Congreso,
Marisa Saavedra, ha presentado junto Ismael Cortés y Enrique Santiago, diputados de
la Comisión de Interior, preguntas al Ministerio del Interior sobre la expulsión de un
migrante que denunció la destrucción de su pasaporte acudiendo a la comisaría de
Burjassot.
Saavedra ha explicado que el grupo parlamentario ha conocido este caso a través de
València Acull quien ha relatado que a raíz de desplazarse voluntariamente a la
comisaría para informar sobre la pérdida de su documentación, que se habría
quemado después de incendiarse la autocaravana donde dormía, el pasado mes de
diciembre, el Cuerpo Nacional de Policía ha incoado un procedimiento de expulsión
contra A.H.R, un ciudadano colombiano, por estancia irregular en el Estado español.
La diputada destaca que desde el año 2004, el Defensor del Pueblo recomienda al
Ministerio de Interior que no se incoen procedimientos sancionadores en los
extranjeros en situación administrativa irregular que acudan a las comisarías a
denunciar delitos, amparándose en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la
víctima del delito, la Directiva europea 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre protección de las víctimas de delito y la Recomendación general de la
Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa.
No es el primer caso similar que denuncia la entidad antirracista, pues en mayo del
2019, denunciaron a través de una campaña mediática el caso de una mujer de
Honduras, que se presentó a denunciar la agresión de un hombre y acabó detenida, sin
poder denunciar y con una orden de expulsión.
Esta manera de proceder de las Fuerzas de Seguridad no “solo provoca temor y
desconfianza hacia los quienes tendrían que velar por la seguridad de todas las
personas sino que genera indefensión en las víctimas, la impunidad de los victimarios y
obstaculiza el acceso a derechos, es una vulneración del Estatuto de la Víctima del
delito y una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica.
Por eso Saavedra ha preguntado si se ha realizado alguna actuación para poder
garantizar el derecho de las víctimas a denunciar con garantías, en relación con las
recomendaciones del Defensor del Pueblo y la normativa nacional e internacional, y si
se va a tomar alguna medida para que las personas testigos o víctimas puedan
denunciar con seguridad, independientemente de su situación administrativa.
