El concejal delegado de hacienda del ayuntamiento de Petrer, el socialista Ramón Poveda Bernabé, esta semana expresaba ante los medios de comunicación, su alegría por la reducción de la deuda municipal en un 50% y remarcaba lo positivo de destinar más de 3 millones en inversiones financieramente sostenibles.
Esta noticia no varía mucho de la que el Partido Popular de Petrer publicó en 2014 en el semanario El Carrer: “El portavoz del Equipo de Gobierno, José Miguel Payá, …ha hecho balance positivo, …destacando especialmente el aspecto económico en donde “heredamos una deuda municipal en 2008 de casi 17 millones de euros y se pagaban 600.000 euros en intereses bancarios y cerraremos 2014 con algo más de 9 millones de euros de deuda, lo que supone haber reducido la deuda un 45 % y pagar unos 120.000 euros anuales en intereses bancarios””.
El problema de tratar la deuda desde un punto de vista sensacionalista es que se esconde una gran estafa. Los ayuntamientos fueron obligados -por ley- a endeudarse para hacer frente al rescate bancario -¿os acordáis del famoso plan de pago a proveedores?- aceptando préstamos a intereses desorbitados. Luego, el ministro Montoro los obligó a priorizar el pago de esos intereses y cuotas bancarias para asegurarse el expolio de los municipios. Esto está significando, aún hoy en día, un trasvase directo de dinero público de los y las contribuyentes a los bolsillos de la entidades bancarias.
Cuántos miles y miles de euros de los impuestos de los vecinos y vecinas de Petrer han ido a parar ilegítimamente a los bancos. Cuántos recursos destinados a rescatar a las y los ciudadanos se han desviado para mantener a flote el sistema financiero. Debería un gobierno progresista sentirse orgulloso de ello, o por el contrario, debería de haber puesto en marcha desde el minuto uno una auditoria ciudadana para conocer realmente cuántos recursos económicos se han destinado a pagar intereses ilegales, los cuales deberían ser devueltos al pueblo.
Ahora, ya completamente rescatados los bancos, fuera de peligro, se levanta la obligatoriedad de destinar superávit únicamente a la amortización de la deuda, pero se sigue imponiendo unos límites y prohibiciones donde no hay margen para destinar los ingresos de los municipios a dónde se considere más necesario. Sólo tras pagar deuda obligatoria se puede destinar parte del superávit a las inversiones financieramente sostenibles, pero nada de retornar recursos a las necesidades de las concejalías. Las inversiones financieramente sostenibles no son una mejora sino que siguen siendo restricción a la autonomía de la gestión municipal. Un gobierno como el de Petrer no debería presumir por reducir su deuda de esta manera o de poder invertir en financieramente sostenibles, y menos, sin denunciar la falta de soberanía municipal.
