El diputado por Alicante y Secretario General del Grupo Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, Txema Guijarro, ha expresado en el Pleno de hoy el voto favorable a la Proposición de Ley presentada por el Grupo Mixto –Compromís- para modificar la Ley de 2015 sobre la financiación ilegal de los partidos políticos. Una ley que ha calificado como “el intento de un gobierno del PP acosado por la corrupción, para ganar credibilidad frente a una ciudadanía hastiada”.

Txema Guijarro ha defendido la necesidad de lograr el desarrollo de la propuesta legislativa “porque esto abriría la posibilidad a la tipificación penal de ilícitos que ya fueron contemplados en la ley de 2007, y que a nuestro juicio, son tan reprobables y punibles-como las donaciones que pueda recibir cualquier partido”.  Me refiero –ha añadido el diputado-  “a las condonaciones de deuda por parte de entidades de crédito.

También la asunción de gastos del partido por terceros, la entrega de donaciones a fundaciones vinculadas a partidos, la ausencia de sistemas contables y de control interno adecuado o la no rendición adecuada de cuentas a las autoridades de control externo. Todas ellas, prácticas muy propias de la vieja política”.

El diputado de Unidos Podemos ha puesto de relieve que “tras el estudio de las más eficaces legislaciones de nuestro entorno en materia de lucha contra la corrupción, creemos que debe también abrirse un debate sobre el establecimiento de los límites mínimos para sancionar las donaciones. En este sentido, se ha demostrado que los límites actuales de cincuenta mil euros, han sido fácilmente eludibles por la vía del fraccionamiento, el llamado pitufeo, por lo que debemos buscar también nuevos dispositivos de control que eviten estas prácticas”.

Guijarro ha recordado que cuando  el 30 de marzo de 2015 el Congreso aprobó la Ley por iniciativa del Partido Popular se tipificaron penalmente delitos asociados a la financiación irregular de partidos políticos, por primera vez.  A este respecto ha señalado que “nueve días antes de su aprobación, el juez instructor del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional daba por terminada la fase de instrucción de la pieza separada de la Gürtel sobre la Caja B del Partido Popular, los ya históricos, casi icónicos, papeles de Bárcenas. El auto entonces publicado llamaba la atención sobre su incapacidad para imputar penalmente por determinadas conductas probadas, ante la falta de instrumentos legales para hacerlo. Cabe recordar además que el firmante de este auto, el juez Ruz, daba por prescritos algunos delitos sobre los que existía, sin embargo, base probatoria suficiente como para ser juzgados; dos omisiones a la que quizá puede acogerse el Partido Popular en sede judicial, pero que retumban y se acumulan al ya largo inventario en esta sede parlamentaria. Responsabilidades jurídicas frente a responsabilidades políticas”.

También ha evocado en su intervención los inicios del trámite de la citada ley, cuando en octubre de 2013 “escandalosas informaciones, brotando a borbotones desde los medios de comunicación, sobre el manejo de una contabilidad paralela, o caja b, por parte de Luís Bárcenas, a la sazón gerente y después tesorero del PP a nivel estatal.  Gürtel, un caso que ya entonces acumulaba un periodo de instrucción de más de cuatro años y  ahora visto con perspectiva, podemos decir que la trama Gürtel fungió como una suerte de hilo de Ariadna del que se ha ido tirando poco a poco, para poner al descubierto todo un laberinto de podredumbre y corrupción. Gürtel nos llevó a Bárcenas. Pues bien, todavía cuando el PP inició el trámite para la aprobación del proyecto de ley orgánica, en octubre de 2013, ni siquiera había previsto la incorporación del delito de financiación ilegal”.

Al año siguiente según apunta Guijarro “fue otro año negro para la historia negra de la política española. En marzo de 2014, el entonces senador Granados admitía que había tenido una cuenta en Suiza. En julio ingresaba en prisión Jaume Matas, ex presidente de Baleares, por el Caso Palma Arena. En octubre, el juez responsabilizaba a Blesa y Rato de todo el gasto asociado a las tarjetas black. No es de extrañar, por tanto, que en el mes de diciembre de 2014, el CIS recogiera el punto álgido de toda la serie histórica sobre la corrupción como uno de los principales problemas del país. Hasta el 60 por cien de los entrevistados citaban esta lacra, cuando apenas dos años antes esta cifra oscilaba entre el 17 y el 20 por ciento”.

Sobre la ley de marzo de 2015 Guijarro ha manifestado que “fue el intento de un gobierno acosado por la corrupción, para ganar credibilidad frente a una ciudadanía hastiada y un entorno europeo abochornado. Pero para ello, se sirvió de una mayoría absoluta que le permitió aprobar una reforma parcial, insuficiente, pero que al menos permitía actuar contra los partidos políticos, a partir de hechos que hoy han sido probados como ciertos en los tribunales. De hecho, de aplicarse retroactivamente esta ley, ello supondría muy probablemente que el Partido Popular estaría afrontando penas como la suspensión de las actividades del partido, la clausura de sus sedes, la intervención judicial, o la disolución de su personalidad jurídica. ¿Se imaginan? ¿El PP disuelto o en manos de una gestora judicial?”.

Tras los anteriores interrogantes también se ha preguntado si  alguien duda ya en este país de que el Partido Popular, en mayor o menor medida, se ha estado financiando irregularmente, a costa del dinero público, y alterando además las reglas de competición electoral. Guijarro ha concluido afirmando que “dos años después esta medida es esgrimida por el Partido Popular, con machacona insistencia como prueba irrefutable de su firme compromiso en la lucha contra la corrupción”.

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