La Vocal de la Comisión de Fomento del Congreso ha expresado el apoyo de su grupo parlamentario a la Proposición no de Ley presentada por Compromís sobre la construcción de enlaces entre las poblaciones de Oliva y Altea con la AP-7. Pastor ha destacado que “al no haberse ejecutado nunca las variantes se ha condenado a los habitantes de estos municipios a convivir entre atascos, contaminación y accidentes. Además, al tratarse de municipios costeros y tener el turismo como una fuente importante de ingresos estos problemas de congestión y de seguridad vial están frenando el desarrollo económico de la zona. En una Comunidad como la Valenciana siempre postergada a la hora de destinar inversiones en infraestructuras por los sucesivos gobiernos. Hace ocho años que no se ha licitado una carretera nueva.”
La parlamentaria valenciana ha incidido en la importancia de la liberalización de la AP-7 y a este respecto ha dicho que “tras cuarenta y ocho años de concesiones abusivas y abono de peajes por parte de los usuarios, la liberalización y su recuperación al servicio de la ciudadanía en todo su recorrido en la Comunitat es un una ocasión largamente esperada. Los peajes una y otra vez prorrogados en sus plazos a manos de los sucesivos gobiernos desde tiempos de la UCD pasando por el PSOE y el PP han contribuido a consolidar y empeorar la situación de los municipios atravesados por la N-332, la única carretera nacional que conecta dos capitales de provincia como son Valencia y Alicante, y que a día de hoy sigue sin ser autovía”.
Sobre la Carretera Nacional 332 ha acentuado que se trata de una vía “con puntos muy críticos en cuanto siniestralidad, volumen y densidad de tráfico, lleva años absorbiendo el tránsito incesante de vehículos, obligados por los peajes a atravesar municipios como Oliva y Altea, seccionando en dos su casco urbano y condicionando la vida de sus habitantes. Una carretera que afecta a once poblaciones de la costa mediterránea como son Cullera, Favara, Xeraco, Gandia, Bellreguard, Palmera, l’Alqueria de la Comtessa, Gata de Gorgos, Benissa y las ya mencionadas de Oliva y Altea. Sin olvidar que se mantiene en muchos tramos con kilómetros de calzadas simples en ambos sentidos, sin mediana, con escasos arcenes y con una elevada intensidad de tráfico de todo tipo de transporte, con una media de 15.000 vehículos diarios de 60.000 en lugares como Oliva”.
La diputada del Grupo Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, Rosana Pastor ha manifestado que “ha llegado el momento de acometer una planificación que contemple por un lado las necesidades relegadas durante años en todas las poblaciones costeras, especialmente Oliva y Altea, y que prevea las necesidades de conectividad de la autopista AP-7 y el equilibrio del nuevo régimen de la autopista en relación al resto de la red viaria. Es vital completar a tiempo las tramitaciones, la declaración de impacto ambiental y la redacción de los proyectos, así como licitar las obras, si no queremos seguir estrangulando la vida de estos municipios de la Comunitat Valenciana”.
Para Pastor “es vital por un lado la liberalización a todos los efectos de la AP-7 sin más dilaciones, con fecha tope en diciembre de 2019 y por otro, la licitación y ejecución de los enlaces necesarios con los todos los municipios afectados, muy especialmente en estos dos casos singulares de Oliva y Altea”. En este sentido, la diputada ha señalado que “la liberalización de la autopista ha de incidir en el aprovechamiento social de las infraestructuras ya existentes, evitando la duplicidad de dichas infraestructuras, o lo que es lo mismo, la obra que no se ha ejecutado hasta la fecha -ante la inminente liberalización de la AP-7-, debería ver revisada su idoneidad, con objeto de evitar y minimizar impactos medioambientales”. Ha concluido Rosana Pastor.