Los grupos parlamentarios negocian para poder acercar posiciones y lograr el máximo consenso

Antonio Montiel: “ se elimina la ratificación de los Síndics a los tres años de mandato y se les da capacidad para imponer multas cuando se incumpla el deber de colaboración o de rendición de cuentas”

Horas antes de la aprobación en el pleno de les Corts de miércoles de la nueva ley de la Sindicatura de Cuentas, los grupos parlamentarios trabajan para aproximar posiciones y sacar adelante una norma que, impulsada por Podemos,  tiene como objetivo aumentar el control efectivo del sector público valenciano y además garantizar la independencia y autoridad de la Sindicatura de Cuentas.

Según el Síndic del grupo parlamentario Podem, Antonio Montiel, “en las últimas horas nos hemos reunido con el Consejo de la Sindicatura de Cuentas y hemos contactado con todos los grupos parlamentarios para acercar posiciones y recoger algunas de las demandas que desde hace años estaba planteando la Sindicatura”

Los acuerdos tejidos en la víspera giran en torno a sugerencias y aportaciones efectuadas por la propia Sindicatura a fin de reforzar la eficacia en su actuación  de la misma.

Montiel ha explicado que “ las enmiendas vienen a ampliar la definición del sector público valenciano ajustándolo al derecho comunitario.”

La reforma de la ley de la Sindicatura era uno de los puntos que Podemos exigía en la renovación del Pacto del Botánico. Según Montiel, “se elimina en la nueva norma la ratificación de los síndics a los tres años de mandato y se confirma su capacidad para imponer multas cuando se incumple el deber de colaboración o de rendición de cuentas”

En la nueva ley se contempla  que los máximos responsables de la Sindicatura de Cuentas sean tres y que sean elegidos por las Corts Valencianes por un periodo de seis años renovables tan solo una vez.

Se establece además un segundo control : que  no puedan ostentar este cargo quienes hayan sido miembros del Gobierno o cargo electo en instituciones representativas. Esta limitación se extiende además a autoridades o funcionarios que hubieran desempeñado funciones de dirección, gestión, inspección  o intervención de ingresos o gastos en entidades del sector público valenciano.

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