Esta campaña insta al Gobierno Rajoy a defender los intereses de la población por encima de las grandes compañías eléctricas, que cada vez repercuten sobre las personas consumidoras mayores cargas.
Juanjo Llorente, concejal portavoz de Esquerra Unida Els Verds de Aldaia, señala: “La previsión de los expertos para el consumo eléctrico de este trimestre es que la factura eléctrica a los usuarios y usuarias se incrementará un 15%. Una escalada de precios que no arranca ahora, sino que comenzó hace años bajo la desregulación impuesta por el PP y que, por sí misma, es susceptible de empeorar notablemente en esta época del año, la calidad de vida de muchos hogares sin recursos o con salarios de miseria como los que perciben actualmente gran parte de trabajadores y trabajadoras. De hecho, también hemos conocido hace poco del Recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Ministros contra la Ley valenciana para paliar la pobreza energética, a fin de preservar el imperio absoluto de las multinacionales de la energía”.
“Con esta moción (Ver más abajo o en http://euaaldaia.es/spip.php?article3686), dice finalmente Juanjo Llorente, pretendemos que el Ayuntamiento de Aldaia apoye también esta lucha social y ciudadana por unas condiciones dignas de vida. Requiriendo por tanto que el Gobierno de la Nación invierta su enfoque y potencie la protección de los derechos como consumidores y consumidoras, renunciando con la excusa de promover el libre mercado, a favorecer a las mismas multinacionales y sus “puertas giratorias” «.
Moción de EU Verds en apoyo a la propuesta ciudadana, vecinal y sindical sobre control y gestión públicos de la energía eléctrica
«Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EU Verds en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente moción.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (CAVE-COVA), conjuntamente con la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE.CV), y los sindicados Unión General de Trabajadores (UGT.PV) y Comisiones Obreras (CC.OO.PV), en plena sintonia con la campaña diseñada por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión General de Trabajadores (UGT), y la Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios de España (CECU), hacen llegar su preocupación por la inadmisible situación del Mercado Eléctrico en nuestro país, siendo en estos momentos la segunda tarifa más cara de Europa en el sector doméstico y la cuarta en el sector industrial, superados únicamente en los dos casos por países que no tienen nada que ver con nuestro tamaño ni situación geográfica y que se caracteriza, fundamentalmente, por:
- El suministro eléctrico a los hogares no tiene la consideración de servicio público esencial al que tenga derecho toda la ciudadanía, por lo cual la escalada de precios de los últimos años a la cual ha venido a sumarse los efectos de la crisis económica, ha tenido como resultado que la “pobreza energética” esté afectando en estos momentos además de millón y medio de hogares.
- La falta de Planificación energética derivada por la renuncia en la ley 54/97 a las competencias de planificación por parte del Estado de las instalaciones de generación, ha traído a una situación de sobre capacidad importante.
- La Posición dominante de las grandes empresas de generación. La retirada del sector público de este ámbito ha supuesto un reforzamiento del poder oligopolista de estas empresas, que limitan, coartan y cercenan la creación de empresas generadoras y comercializadoras.
- La opacidad e injusto tipo de mercado mayorista a coste marginal: un sistema donde se retribuye a todas las energías en función del precio de la más costosa de producir y no de sus costes reales. El sistema es incompatible con la competencia real.
- La excesiva fiscalidad en un suministro esencial: Se aplican diferentes impuestos sobre la generación, que en su mayor parte se traslada al titular de cualquier contrato de suministro. Además de los cánones sobre la electricidad establecidos por alguna comunidades autónomas, que no revierten en el sector y los impuestos indirectos de la electricidad, 4,86%, con carácter generalista y el impuesto del IVA del 21%.
Por lo tanto, CONSIDERANDO que la población más vulnerable de nuestro municipio y Comunidad Autónoma, la actividad económica y la ciudadanía en general, se ven sometidas a una situación de confusión, indefensión e injusto trato por el sistema implantado del mercado eléctrico español.
CONSIDERANDO la energía como un derecho irrenunciable de las personas para adquirir una calidad de vida razonable, proponemos al Pleno las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
Este Ayuntamiento acuerda instar en el Gobierno de España a desarrollar una revisión de la situación del Mercado Eléctrico español bajo los siguientes y fundamentales parámetros:
- Establecimiento legal de la consideración del suministro eléctrico como un servicio público esencial al que tiene derecho toda la ciudadanía y el establecimiento de medidas eficaces contra la “pobreza energética” con protección a los sectores más desfavorecidos estableciendo un auténtico bono social, que garantice el suministro básico de todos los hogares e impida los cortes de suministro, que no dependa de los Servicios Sociales de cada Ayuntamiento como actualmente establece la Ley porque no certifica la aplicación del bono social.
- Arbitraje. Las comercializadoras de referencia y las distribuidoras tendrán que estar sometidas al arbitraje de consumo para ser entidades que prestan un servicio básico y fundamental y por contar con un monopolio natural al que no pueden acceder otras distribuidoras. El Sistema Arbitral de Consumo es el sistema extrajudicial de resolución de conflictos surgidos entre las persones consumidoras o usuarias y las empresas o profesionales, de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes. A su vez tienen que ejecutarse planes de formación y formación a las persones consumidoras sobre el suministro de energía erradicando su vulnerabilidad al engaño o fraude por falta de información.
- Creación de un “Operador del Mercado de carácter Público”, que gestione estableciendo un control en su funcionamiento con transparencia y equidad, evitando las posiciones de dominio de las grandes multinacionales (actualmente los operadores de mercado son Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) y Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS), la participación accionarial del cual está compuesta en ambas sociedades por las grandes empresas del sector eléctrico. La intervención del operador público, así como la presencia de empresas participadas desde el público con capacidad de gestión en el mercado sería un elemento estabilizador que ayudaría en el cumplimiento de los objetivos de competitividad y modelo social, garantizando también en la distribución y comercialización una competencia más al servicio de la ciudadanía.
- Creación de un Organismo público para la realización de las auditorías periódicas del Sistema. Política de primas o ayudas a tecnologías renovables con intervención directa en las subastas de energía, ajustando su precio al coste real de su producción sin incluir gastos ajenos a través del término de potencia. Este órgano público tendrá que contar con un Consejo Asesor donde estén integradas organizaciones sociales, ciudadanas, vecinales, sindicales y de consumidores de ámbito estatal. A tal fin se podría ejercer el control de la posición dominante de las empresas de generación que a la vez controlan la comercialización. Por eso, consideramos que con carácter previo, resulta imprescindible la realización de Auditorías de costes de las eléctricas en generación y distribución para actuar sobre los beneficios sobrevenidos. Auditorías que tendrían que extenderse a los Costes de Transición a la Competencia (CTC), reconocidos en su momento al Sector, y al dudoso y controvertido Déficit tarifario acumulado.
- Reforma de la fiscalidad que se aplica al sistema eléctrico, rebajando la acumulación actual de impuestos que recaen sobre la tarifa eléctrica mediante exenciones a empresas y cooperativas de energía renovable, que no sobrepasen cierta facturación o capacidad económica. Reducción del coste del término de potencia, con revisión de todos los conceptos que lo forman en la actualidad. Los impuestos sobre la electricidad tendrían que ser finalistas y revertir directamente en políticas industriales y de transporte de fomento de la I+D+ i del sector y en la aplicación de políticas medioambientales y de eficiencia energética. Reducción del IVA al 4% para ser un servicio de primera necesidad.
B.-Hacer llegar al Gobierno de España el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento, así como su comunicación a las entidades sociales y ciudadanas proponentes (cavecova@ono.com).«
