Totes amb Burjassot denuncia que el recurso ha supuesto la suspensión cautelar y sin alternativas de medidas muy necesarias para la ciudadanía
La plataforma ciudadana y municipalista Totes amb Burjassot presentó en el pasado pleno del Ayuntamiento de Burjassot, celebrado el 28 de noviembre, una propuesta para que el Ayuntamiento rechace de manera clara y pública el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el gobierno del PP de Mariano Rajoy a dos leyes autonómicas: la Ley de la Función Social de la Vivienda, y la Ley para paliar y reducir la pobreza energética. Además, en la mencionada propuesta han pedido también que el Ayuntamiento pida a los gobiernos autonómico y central a que trabajen en una alternativa para que estas leyes se apliquen, o bien que busquen la forma de aplicarlas sin contravenir la Constitución.
Estas leyes fueron propuestas por el gobierno de la Generalitat Valenciana, aprobada por Les Corts por todos los grupos políticos a excepción de PP y Ciudadanos (que se abstuvo) y publicada en enero de este año. Son una respuesta a una amplia demanda de la ciudadanía y que suponen, por ejemplo, gravar las viviendas vacías y la obligatoriedad de los bancos de ponerlas en alquiler social, la prohibición de cortar luz, agua y gas por impago en caso de personas en riesgo de exclusión social, marginación o pobreza, así como dar ayudas para pagar facturas, entre otras muchas cuestiones. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy ha estimado que estas leyes invaden competencias estatales, así que las ha llevado al Tribunal Constitucional mediante un recurso, lo que ha supuesto que, hasta la celebración del juicio, varias medidas no podrán aplicarse, entre ellas, las mencionadas anteriormente. Esto ha provocado la indignación de varios colectivos, entre ellos, la Plataforma de Afectos por las Hipotecas.
Así, desde Totes amb Burjassot han mostrado también su rechazo a este recurso y han criticado con fuerza la falta de voluntad del gobierno central para abordar el gran problema que sufre buena parte de la ciudadanía en cuestión de vivienda y pobreza energética, y que sólo se limite a atacar las únicas medidas que el gobierno autonómico ha aprobado en ausencia de una normativa estatal. La propuesta ha sido apoyada en el Ayuntamiento de Burjassot por todos los partidos políticos a excepción del voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.
