El pleno de febrero del Ajuntament d’Aldaia, a lo largo de las 3 horas y media que duró, estuvo dedicado básicamente a debatir las mociones presentadas por los grupos políticos, sindicatos y plataformas sociales. El gobierno socialista, por su parte, manteniendo la baja capacidad de gestión e iniciativa habituales, presentó dos mociones y una propuesta de “autoblindaje” que despertó cierta alarma entre la oposición.
Orden del día del Pleno
Así, mientras que los puntos 2,3 y 4 del orden del día recibieron un apoyo casi unánime, dado que se trataba del cumplimiento de una sentencia judicial obligando al Ayuntamiento a promover a 4 trabajadoras de Bibliotecas y a subsanar un error administrativo de redacción, no ocurrió lo mismo en el punto 5. Punto titulado con evidente inexactitud “Aprobación del derecho de asistencia jurídica de los miembros de la Corporación, reintegro de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo, como consecuencia de la representación y defensa en procedimiento judicial“, aunque en realidad contiene sólo una propuesta de pagar la asistencia jurídica privada que contraten particularmente para defenderse los y las concejales/as imputados en causa penal y que la Justicia finalmente desestime. La preocupación que esgrimimos una parte de la oposición fue que esta propuesta incluía omisiones, como lo de la defensa jurídica (inexistente para quienes no forman parte del gobierno municipal), y amplias zonas de ambigüedad que podrían dar lugar a una utilización irregular o espuria de este nuevo mecanismo indemnizatorio exclusivo para concejales y concejalas investigados. Por eso solicitamos que se dejara sobre la mesa para mayor debate y ajuste concreto, ya que resulta difícil de encajar el carácter retroactivo que se quiere dar a esta disposición con falsos pretextos (pagar gastos jurídicos de una exconcejala de la legislatura anterior que no llegó a ir a juicio y por tanto no podrá acogerse), así como la imprecisión sobre la cantidad de dinero a pagar por el Ayuntamiento para financiar estas asistencias letradas particulares y privadas y otros muchos aspectos.
Desde EU Verds planteamos que, según un informe jurídico de la Diputación de Badajoz del año 2012, “(….) Siendo la responsabilidad penal de carácter personalísimo e intransmisible, predicable exclusivamente respecto de personas físicas, en principio no habría motivo para que una persona jurídica, en este caso las Corporaciones Locales, hubieran de asumir los costes derivados de una condena ajena” (a uno u otro concejal miembro). Por tanto, la casuística en que pueden plantearse este tipo de casos se reduce bastante. Siguiendo el mencionado informe provincial serían: por un lado, la adopción de decisiones políticas que se estiman viciadas, en mayor o menor medida, de ilegalidad; por otro, la comisión por parte de concejal o concejala de actos (positivos u omisivos) que ocasionan perjuicios personales o materiales a unos u otros ciudadanos/as; por último el funcionamiento incorrecto o negligente de los servicios públicos municipales.
Considerando que esta tipología de posibles encausamientos penales difícilmente pueden justificar a posteriori abonar al electo/a imputado/a indemnización alguna en concepto de asistencia jurídica privada, resulta difícil explicar por qué era importante aprobar YA esta propuesta, rechazando toda consideración más detenida y cuando, justo el mes pasado, el gobierno socialista rechazó la moción de EU Verds planteando una cobertura jurídica mínima para todo el personal municipal, ya que sólo los miembros del gobierno local gozan de un seguro. La única razón plausible habría que buscarla, a nuestro particular entender, en la situación en que se encuentra el propio alcalde, actualmente “investigado” por la denuncia de un funcionario por presunta prevaricación administrativa, relacionada con los pagos autorizados para el catering de «menjar a casa» durante el año 2016.
Al final se aprobó esta propuesta por los 13 votos favorables del PSOE, Sisepuede, Ciudadanos y Compromís. El PP se abstuvo y el resto votamos en contra.
El siguiente punto que causó cierto debate fueron las iniciativas presentadas en torno a la convocatoria de Huelga feminista para el 8 de marzo. A saber, dos mociones presentadas por EU Verds y el concejal no adscrito de Podemos, más una declaración institucional del partido socialista y una moción del sindicato CCOO que presentamos por urgencia EU Verds y el PSOE. Al respecto señalar que las tres mociones fueron aprobadas pese al voto contrario de Compromís y la abstención de Ciudadanos y de los 2 concejales/as no adscritos provenientes de este grupo. Asimismo, también lo fue la Declaración institucional del PSOE, aunque recabando bastantes criticas por la falta de compromiso concreto del Ayuntamiento y por omitir que la iniciativa de la Huelga del 8 de marzo la lanzó la Plataforma feminista estatal, integrada por muchas organizaciones además de los sindicatos.
De resultas de estas votaciones, el Ayuntamiento de Aldaia se comprometió a apoyar la huelga del 8 de marzo, facilitando su desarrollo entre el personal municipal y dentro del municipio (se trata de una huelga igualmente estudiantil, de consumo y de cuidados), colocando la bandera feminista en el frontispicio y colaborando con las asociaciones ciudadanas convocantes.
Moción presentada por EU Verds de apoyo a la Huelga General Feminista del 8 de marzo
La siguiente moción que se debatió, también de EU Verds, por la derogación en la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal de la Pena de Prisión Permanente Revisable fue rechazada por 5 votos contrarios del PP y los dos concejales no adscritos provenientes de Ciudadanos, más la abstención del PSOE, Sise puede y Ciudadanos, frente a los 4 votos favorables de EU Verds, Compromís y el concejal no adscrito de Podemos. La posición de voto abstencionista de la mayoría (11 votos) resulta sorprendente, considerando que en el parlamento español fue el PSOE, apoyado por el resto de la oposición parlamentaria, quién denunció al Tribunal Constitucional esta medida del Gobierno Rajoy también llamada «cadena perpetua encubierta». Denuncia fundamentada en que cuanto menos vulnera cuatro artículos de la Constitución: el 15.1 que prohíbe penas inhumanas, el 17 sobre la proporcionalidad entre delito y sanción, el 25.1 por no acotar definitivamente los tiempos de condena y, sobre todo, el 25.2 por restringir la posibilidad de reinserción para un amplio abanico de delitos, como también la Rebelión y cuestionamiento de las Instituciones.
Seguidamente se presentó y aprobó con la única abstención de Compromís (por no incluir referencias alguna al metro) la petición socialista de incluir al municipio de Camporrobles en la financiación estatal del Plan de cercanías de la línea C3.
La Moción de EU Verds por la defensa y promoción del Empleo Público en el Ayuntamiento de Aldaia también salió aprobada por tan sólo 2 votos favorables (EU y el concejal no adscrito de Podemos) frente a 18 abstenciones del resto de concejales y concejalas. Esta moción incluye el compromiso del Ayuntamiento para convocar, después de tres años en que no se ha hecho, una Oferta Pública de Empleo para cubrir vacantes e interinidades (la plantilla del 2017 tiene 29 vacantes de un total de 163 puestos de trabajo); desarrollar la promoción profesional y estabilidad del personal municipal y buscar mecanismos para restituir la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que se viene produciendo desde hace años.
Considerando el calado e importancia de estas cuestiones, ineludiblemente redundantes en un mejor funcionamiento de los servicios municipales ¿cómo interpretar la abstención del ejecutivo socialista?
Tanta abstención ante las dos mociones de EU Verds, la de función pública y la de derogación de la «cadena perpetua encubierta», sería difícil de explicar sin apelar a motivos ajenos al contenido de las propuestas de acuerdo presentadas por cada moción. De ahí que subtitulemos esta crónica como «postureos», quizás preelectorales, al tiempo que deploramos semejantes actitudes y prácticas políticas inconsecuentes. La grabación en vídeo de la sesión que incluye esta crónica permite por suerte poner negro sobre blanco lo sucedido, de modo que quien la visione podrá sacar sus propias conclusiones.
La siguiente moción propuesta por el colectivo Lambda, por la igualdad legal y social completa y los derechos de las personas LGTBI, fue aprobada por unanimidad, pero incluyendo una enmienda de adición que presentamos el concejal no adscrito de Podemos y EU Verds, para añadir a los puntos de acuerdo propuestos el compromiso concreto del Ayuntamiento para realizar durante las fiestas falleras una campaña de sensibilización ciudadana sobre el respeto a las diferencias de género y de opción sexual de las personas.
El siguiente punto tratado fue la moción del concejal no adscrito de Podemos “para la implantación del sistema SDDR para la recuperación de envases en nuestro municipio. Moción que fue aprobada pese a las 7 abstenciones del PP, Sise Puede y los concejales y concejalas no adscritos provenientes de Ciudadanos. E igualmente se aprobó, con la única abstención de Compromís, la moción de Ciudadanos para la actualización y desarrollo de un registro municipal de licitadores en Aldaia. Suerte que no corrió la última moción presentada por el concejal no adscrito de Podemos, por un Municipio comprometido con la Justicia Social (en torno a la declaración de la ONU del 20 de febrero). Moción que no se pudo debatir por rechazarse su tramitación urgente por el PSOE, PP y Sise Puede.
Finalmente, en el punto de ruegos y preguntas, EU Verds presentamos, además de tres preguntas por escrito sobre facturas sin contrato, las peticiones de que se recojan los rastrojos de las zonas verdes y jardines empleando sacas reutilizables (en lugar de bolsas de plástico) y de poner coto a los vuelos de avionetas privadas cruzando el caso urbano. La última pregunta fue por qué el gobierno socialista no había cumplido su compromiso de presentar un borrador de reglamento municipal de convivencia y civismo. Compromiso que motivó por parte de EU Verds la retirada de un moción en este sentido que presentamos al pleno de diciembre del 2017, ante la garantía expresada entonces por el gobierno municipal de que todo lo más en febrero presentarían una propuesta en el mismo sentido.
