Crónica del pleno de 27 de marzo 2018 del Ayuntamiento de Aldaia
Aprobada la propuesta de presupuestos para 2018 con el voto de calidad del alcalde, y las advertencias de toda la oposición sobre la mala gestión, clientelismo y prepotencia del gobierno socialista.
También resultan aprobadas las tres mociones de EU Verds sobre aplicación de la nueva ley de contratación pública, tramitación parlamentaria de la reforma de la regla de gasto del gobierno Rajoy y reconocimiento institucional de la II República española.
La moción sobre mejora del transporte interurbano de la Plataforma vecinal por el Transporte Público en l’Horta Sud salió igualmente aprobada, así como la moción por la Justicia social presentada por el concejal no escrito de Podemos.
Orden del día del pleno de 27 marzo 2018
Tras la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, el siguiente punto de debate plenario fueron los presupuestos para el 2018 presentados por el gobierno socialista. Una propuesta que concitó las críticas del resto de grupos municipales, concejales y concejalas de la oposición, de los cuales 8 votaron en contra y 5 se abstuvieron para evitar colapsar el gobierno (bajo lo que consideraron un gesto “de responsabilidad” que no compartimos).
Como los resultados fueron 8 votos socialistas favorables y 8 en contra más 5 abstenciones, tras realizar una segunda votación confirmatoria con los mismos resultados ganó el voto de calidad del alcalde. Este es el resumen de la intervención del portavoz de EU Verds, justificando el voto negativo dictaminado por dos Asambleas realizadas el jueves y viernes pasados:
“Como paso previo a entrar a hablar de los números presupuestarios, tenemos que hacer 3 observaciones:
- Se presiguen aprobar unos presupuestos que incluyen también los de Aldaia Próxima, siendo que esta Sociedad Pública de Capital no se ha reunido previamente, ni debatido su presupuesto de casi un millón y medio para 2018, lo que constituye una ilegalidad a sumar al incumplimiento de plazos para la tramitación presupuestaria que marca la Ley de Haciendas Locales, entre otras, así como al incumplimiento de la moción de EU Verds por unos presupuestos participativos que se aprobó por este mismo pleno municipal hace dos meses.
- Otra cuestión importante es el grado de cumplimiento de los presupuestos anteriores. Un grado que resulta a todas luces deficiente y que redunda en una baja credibilidad de esta propuesta para 2018. Porque, según las liquidaciones de años anteriores, durante 2016 el gobierno socialista tan sólo ejecutó el 74% de los gastos y el 69% de los ingresos presupuestados. Porcentajes que empeoran en 2017, ya que a finales de año (23/11/2017) se había gastado apenas un 51% de lo previsto y cuatro meses después (20/03/2018) tan sólo se había ingresado el 68% presupuestado.
- Los datos anteriores muestran claramente la mala gestión del ejecutivo municipal que también confirman otras muchas indicadores y que cabe atribuir, en bastante medida, al deterioro provocado de la plantilla de personal municipal. Porque, después de casi un año de pedirla, al fin disponemos del detalle de la plantilla actual de personal municipal. Una plantilla integrada por tan sólo 109 trabajadores/as municipales en situación laboral estable, mientras que otros 70 son eventuales contratados sin existencia de plaza en la plantilla, más 32 con carácter interino o en comisión de servicios y otras 26 vacantes de plazas no cubiertas. En total, la plantilla municipal, que estos presupuestos para 2018 quieren mantener tal cual incluye menos de la mitad de trabajadores estables siendo el resto eventuales y precarios. Ciertamente, con estos recursos humanos, la prestación de servicios municipales en general se resiente y continuará resintiéndose por la gestión socialista basada en precarizar el empleo público local.
Hasta la fecha, el gobierno socialista afirma que no se podía contratar personal ni estabilizarlo por culpa del Gobierno Rajoy, lo que nunca fue cierto y ahora resulta un verdadero esperpento, considerando el II Acuerdo firmado el pasado 9 de marzo entre Gobierno de la nación y sindicatos, para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Acuerdo que esta propuesta de presupuestos contradice en puntos clave: se plantea una subida del 1% de la masa salarial, siendo que este Acuerdo admite unos incrementos retributivos de casi el doble; se elude convocar una Oferta Pública de Empleo para cubrir vacantes y estabilizar al personal municipal, pese a que el Acuerdo lo recomienda e incluso recomienda; además de ignorarse otras mejoras laborales de este Acuerdo, publicado por el BOE como “Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo”.
Con respecto a las propuestas dinerarias planteadas, lo primero a resaltar es que estos presupuestos resultan los más bajos de la presente legislatura, e incluso del año 2015 (PP). Todo ello, a pesar de haber salido ya técnicamente de la crisis económica que padecimos desde 2008 en nuestro país y estado, de modo que pese a estar creciendo la economía también sigue creciendo la desigualdad y la brecha entre ricos y pobres. Hay más riqueza (PIB) colectiva pero ésta recae en cada vez menos manos. Por ello, como proponen incluso sectores neoliberales, resultaría necesario incrementar las políticas públicas redistributivas (más servicios públicos). Justo la orientación contraria de estos presupuestos para el 2018 del ejecutivo socialista, recortados con respecto a los anteriores (a pesar de gozar de mayor financiación desde la Generalitat y Diputación Valencianas) y enfocados a mantener la precarización del empleo ya comentada.
Bajando más al detalle, en materia de gastos y como puede verse en el cuadro adjunto, las áreas más dotadas son las de urbanismo y medio ambiente (obras e infraestructuras básicas), así como Seguridad (Policía y Bombreros). El área de Servicios Sociales también experimenta un incremento aparente de 4 puntos con respecto al 2016, provocado por una previsión de las subvenciones nominativas y de otro tipo (61,5% de todo el área) que asciende a la friolera de 1.530.000 €. Es decir, que se opta por segundas y terceras entidades, no públicas, para prestar estos servicios sociales tan necesarios para grandes sectores de población.
Del mismo modo, choca que despues de tanta auto-propaganda realizada en materia de igualdad, la previsión presupuestaria contempla apenas 100.000 € (0,5% del gasto), mientras que se mantienen como están las ayudas de emergencia y de renta garantizada (salario social) que financia enteramente la Generalitat (150.000 y 250.000 respectivamente) y que, por cierto, durante 2017 el Ayuntamiento no gastó en su totalidad.
Con respecto a las áreas de servicios municipales, disminuyen sus gastos con respecto a 2016 la promoción de empleo, que pasa de 975.000 euros a 690.000, así como Educación, Cultura y Tiempo libre, que disminuyen entre uno y medio punto con respecto a los anteriores.
El único elemento interesante de estos presupuestos sería, quizás, la dotación para Juventud y Comunicación. Incremento que, por otra parte, resulta preocupante debido a que el Gobierno socialista pretende realizar una gestión sin control público de estos 733.482 euros, por medio de la encomienda a Aldaia Próxima.
Otro aspecto a destacar es que, dentro del capítulo de inversiones reales que asciende a 1.344.000 no se contempla ningún gasto de 150.000 € prometidos para presupuestos participativos, lo que indicaría la escasa o nula voluntad del ejecutivo para llevarlos a cabo.
Otras áreas donde también se trasluce el desinterés del ejecutivo son, además de los servicios públicos en general, las actuaciones en materia de movilidad y transporte, las grandes infraestructuras (Soterramiento de las vías, metro y mejor transporte urbano rodado) y las energías limpias y renovables o el Medio Ambiente.
Finalmente, en contra de lo prometido tantas veces por los socialistas, esta propuesta presupuestaria elude cuidadosamente todo lo que suponga la remunicipalización de servicios a la ciudadanía”.
Una vez dictaminado este punto, el siguiente tratado fue la Moción de EU Verds apoyando la campaña municipalista demandando al Gobierno Rajoy la modificación de la Regla del Gasto para permitir mayor capacidad de gestión local. Esta moción de apoyo a la campaña municipalista, impulsada desde la FEMP en todo el estado y que plantea desbloquear el veto parlamentario del PP a esta proposición de ley, fue aprobada 15 votos favorables frente a 3 contrarios del PP y la abstención de Ciudadanos.
El siguiente punto abordó la moción por la Justicia Social plantada por el concejal no adscrito de Podemos y que el mismo pleno rechazó debatir durante el pleno pasado. En esta ocasión , tras algunas correcciones gramaticales en las propuestas de acuerdo, fue aprobada por 15 votos favorables, la abstención de Ciudadanos y 3 votos en contra del PP.
A continuación se debatió la Moción de EU Verds para la implantación efectiva de la nueva ley de contratos del sector público. Tras asumir la supresión de la primera propuesta de acuerdo planteada por la concejala no adscrita salió aprobada por unanimidad.
También se aprobó la Moción de EU Verds sobre reconocimiento y defensa de los valores democráticos constituyentes de la II República española. Esta moción obtuvo 6 votos favorables frente a 5 en contra del PP, Ciudadanos y la concejala no adscrita, así como las abstenciones del PSOE y otro concejal no adscrito. Pese a ser aprobada, por parte del concejal de EU Verds se deploró la inconsecuencia del grupo municipal socialista, que justificó su abstención bajo la excusa de que “rememorar” el pasado podía abrir heridas entre la población de Aldaia. Argumento que no dudamos en tildar de reaccionario y retrógrado.
La última moción debatida y que se aprobó por unanimidad fue la Moción conjunta de apoyo a la Plataforma vecinal por el Transporte Público en l’Horta Sud. Esta moción, presentada de forma impecable por el portavoz de la Asociación de Vecinos de Encreullades, redundó en la necesidad inmediata de mejorar el transporte interurbano mediante la presión social ante la Consellería.
En el último punto abordado en el pleno, sobre”Ruegos y preguntas”, incluimos 2 preguntas escritas (demandando respuesta idem) y 2 ruegos:
1.- RUEGO. Ante la aprobación el pasado 9 de marzo del Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y de las condiciones laborales en las Administraciones Públicas, y tras constatar reiteradamente que este gobierno municipal no está interesado, como también acredita el voto negativo de los sindicatos al presupuesto del 2018, solicitamos la convocatoria urgente de una Comisión de Empleo (sindicatos y concejales/as) para debatir los planes de mejora que podrían llevarse a cabo en el Ayuntamiento de Aldaia, bajo el amparo del mencionado Acuerdo y en cumplimiento de la moción de EU sobre este tema aprobada en febrero de este año.
2.- RUEGO. Informe jurídico de la Secretaria de Aldaia Próxima sobre la legalidad de aprobar los presupuestos de esta Sociedad Pública sin haberse reunido antes la Junta General, y sobre las encomiendas de gestión presuntamente asumidas sin haberse aprobado en ningún ámbito.
3.- PREGUNTA. En el listado “Anexo de personal” de la propuesta de presupuestos para 2018 figuran hasta 70 contrataciones en las que se especifica que “NO CONCUERDAN CON LA RPT”, careciendo de plaza en la plantilla. ¿Cómo se han realizado cada una de estas contrataciones de personal? Especificar para cada una el procedimiento seguido, tipo de contrato realizado y fecha de inicio de la actividad de la persona contratada.
4.- PREGUNTA. En el mencionado “Anexo de personal” de la propuesta de presupuestos para 2018 también figuran 32 contrataciones de personal cuya situación se describe como “ocupada por interino/ y/o CS (Comisión de Servicios)”. ¿Cómo se han provisto cada una de estas contrataciones de personal?. Especificar para cada una el procedimiento seguido, tipo de contrato realizado y justificación, así como si se trata de una comisión de servicios o de un nombramiento de interinaje. Y, por último, la fecha de inicio de la actividad de la persona contratada.
Juanjo Llorente
Concejal Portavoz de EU Verds
