• Aunque fue expulsado por no tener papeles y quedarse en paro, Víctor Parada tiene buena parte de su familia en el municipio valenciano

El desgraciado caso de Víctor Parada, un boliviano que vivió y trabajó en Alcoi, donde tiene todavía buena parte de su familia, ha motivado las preguntas en el Congreso de Àngela Ballester y en el Senado de Vicenta Jiménez, ambas de Podemos. «Tal y como han documentado Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los DDHH, la condena a pena de muerte está muy relacionada con la pobreza,» han argumentado, «son ciudadanos y ciudadanas con dificultades socioeconómicas quienes más sufren esta pena contraria a los Derechos Humanos. Es el caso de Víctor Parada, que primero se quedó sin trabajo y fue expulsado de España y luego sufrió una serie de desgracias personales y profesionales en Bolivia.»

Víctor Parada vivió con su familia hispano-boliviana en Alcoi durante seis años, donde se preparó como carpintero y trabajó hasta que la crisis lo dejó en paro. Fue detenido y deportado en apenas 15 días a Bolivia, donde un accidente laboral lo dejó mutilado de la mano derecha, sin recursos y con una hija a su cargo. Fue en ese momento, acosado por las deudas, cuando accedió a hacer de “mula” para un narcotraficante, pero salió mal y fue detenido en Malasia con 450 gramos de cocaína. La ley malaya es extremadamente dura con estos delitos y ha sido condenado a la pena de muerte, aunque la familia de Víctor tiene esperanzas en que una iniciativa legislativa promovida actualmente por el propio gobierno malayo lo salve de la horca.

«La situación en la que se encontró en Malasia en el momento de su detención incrementó su vulnerabilidad,» abunda en su escrito Podemos, «su familia, residente en Alcoi y que ostenta la doble nacionalidad boliviana y española, se encuentra también con enormes dificultades para sufragar los gastos de la defensa y tramitación judicial del caso, y por tanto se incrementa su indefensión.»

Por todo ello Podemos preguntará al Ejecutivo de Rajoy sobre los contactos con los gobiernos boliviano y malayo para evitar la ejecución, sobre la posibilidad de ayudar económicamente a la familia española de Víctor o, más en general, sobre la existencia de casos similares en otros países.

«Víctor fue durante años vecino nuestro,» explica Vicenta Jiménez, senadora de Podemos y alcoyana, «su hermana es ciudadana de Alcoi. España le expulsó y la pobreza le arrastró a Malasia, tenemos la obligación de hacer todos los esfuerzos para evitar que acabe en la horca». Àngela Ballester añade: «el Gobierno se ha comprometido en el Congreso a luchar contra la pena de muerte, ahora toca pasar de las palabras a los hechos y encontrar la manera de proteger la vida de Víctor y evitar que se aplique esta pena cruel y contraria a los Derechos Humanos.»

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