EU Barrio del Cristo ha registrado ayer mismo en el Ayuntamiento de Aldaia una nueva moción conteniendo la que ya fue aprobada en 2017 por unanimidad en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), sobre control y gestión públicas locales de la energía hidroeléctrica (ayuntamientos, mancomunidades, consorcios…).
Moción que fue presentada entonces por las principales entidades vecinales, consumeristas y sindicales valencianas bajo un doble argumento: que la situación del mercado eléctrico creaba graves problemas a gran parte de la población (actualmente se han incrementado) y que el derecho de acceso a la energía debe considerarse un principio básico de calidad de vida y de bienestar colectivos.
En la moción presentada ahora y que “recupera” la de 2017 del olvido, por así decirlo, también se añaden algunas propuestas de acuerdo más que apelan directamente a la implicación de la Generalitat Valenciana y las corporaciones locales.
(Ver la redacción literal en este enlace https://drive.google.com/file/d/1uU2uV8ic8o5lzHEv37FAttPMZohepsyk/view?usp=sharing ).
Juanjo Llorente, coordinador del colectivo del Barrio del Cristo, señala: “hace cuatro años, en la Generalitat y muchos Ayuntamientos ya gobernaban las opciones “progresistas” pero la moción que se aprobó en la Federación Valenciana de Municipios permaneció ignorada pese a que las subidas de tarifas eléctricas han continuado creciendo hasta los
máximos históricos actuales. Recientemente, el gobierno estableció una rebaja temporal del IVA de estas facturas al 10%, lo que en rigor constituye un “parche” que alivia apenas a las economías domésticas favoreciendo en cambio a las multinacionales, que seguirán enriqueciéndose, al tiempo que se recortan los ingresos a las arcas del estado y la
Generalitat para financiar más políticas sociales. Necesitamos una mayor responsabilización pública y por eso con esta moción solicitamos a las corporaciones locales y a la autonómica un compromiso real y efectivo con las familias más vulnerables”.
María José Lianes Laserna, responsable de la Secretaría de Igualdad, afirma: “La privatización de sectores estratégicos como el de la energía, por parte de los gobiernos, ofreciendo la gestión al mercado capitalista criminal basado en el lucro y las prebendas (puertas giratorias) genera sufrimiento y malestar sociales, incluso muertes, especialmente a la clase trabajadora, a los sectores más vulnerables económicamente y en particular a las mujeres, las que más sacrificios hacen por mantener sus hogares, las que en peores condiciones están, laboral y socialmente, con una calidad de vida inferior a la de los hombres, las que permanentemente se ven más afectadas por la pobreza y la relacionada con la energética no iba a ser menos. Llamamos al gobierno y a las administraciones públicas a defender los intereses de la gran mayoría, garantizando de una manera justa y democrática este servicio básico y vital”.
Aldaia, 7 de julio 2021
