PIDEN QUE EL GRAVAMEN DEL IBI SE SITÚE EN EL 0,40 %, QUE AÚN
SUPONDRÍA UN INCREMENTO TRIBUTARIO DEL 168 % EN NUEVE AÑOS,
ANTE LA SUBIDA DEL 242 % ACTUAL
DEMANDAN UN PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO COMO
MEDIDA DE ALIVIO A LA FUERTE PRESIÓN IMPOSITIVA MUNICIPAL

La asociación de vecinas y vecinos “San Miguel Arcángel” de San Miguel de Salinas ha
presentado alegaciones a la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto de Bienes Inmuebles aprobada en el último pleno municipal. La modificación
aprobada en sesión plenaria fijó el gravamen para 2022 en el 0,59 % frente al 0,60 actual.
Esta modificación, que deberá ser reconsiderada en el próximo pleno municipal, no
supondrá alivio alguno para los contribuyentes, que seguirán pagando más IBI que en
2021 debido a que, por encontrarse en el noveno año tras la aprobación de la ponencia
catastral de valores, no se tributa, todavía, por el valor íntegro de la finca. Por ejemplo, un
vecino que en 2021 ha abonado 471, 28 € pagará, en 2022, 501, 46. La aplicación del
gravamen aprobado le supondrá un decremento sólo de 8,5 €
La revisión catastral de 2013 y el mantenimiento de un elevado índice del gravamen por
parte del Consistorio ha supuesto para los propietarios un incremento del 242 % de la
tributación por IBI en los últimos nueve años. El establecimiento del gravamen impositivo
en el 0,40 %, como pide nuestra asociación, que es el mínimo legal permitido, supondrá,
todavía, un incremento porcentual del impuesto del 164 % en nueve años. Según el
mismo ejemplo anterior, el propietario abonaría, en 2022, 340 € en lugar de los 501, 46 €
propuestos por el pleno municipal.
Por este motivo, esta asociación ha solicitado, que se promueva una revisión urgente de
la ponencia de valores y, mientras tanto, que el Consistorio aplique el coeficiente más bajo
permitido por ley, que es lo que suelen hacer en otros municipios cuando se ha producido
la revisión catastral en fechas recientes.
El municipio de San Miguel soporta unos altos índices de tributación por impuestos como
el IBI o por el pago de servicios públicos básicos, como los del agua potable y el
alcantarillado. Algo falla en la administración municipal cuando el equilibrio presupuestario
descansa en una presión fiscal de semejante calibre como la aplicada al IBI. El
contribuyente del ejemplo, sólo por IBI, abonará una cuota mensual de 42 €
La asociación ha pedido al gobierno municipal que se ponga en la piel de las economías
medias del municipio, uno de los de renta per cápita más baja de la comarca, y que rebaje
la desmedida presión fiscal que padecemos. Una familia media del municipio debe
dedicar una de las doce mensualidades del año, única y exclusivamente, al abono de
impuestos y pago de los servicios públicos básicos como los comentados. El municipio
precisa de un plan de ahorro y eficiencia en el gasto público para que sea posible aliviar la
presión fiscal ejercida sobre el contribuyente.

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