PreguntarNoEsDelito denuncia ahora a quienes quisieron encarcelarlos

La asamblea, tras haber demostrado su inocencia, se propone acabar con la
impunidad de este tipo de montajes “que amenazan las libertades más
fundamentales”
Tras haber demostrado su inocencia ante un “montaje político y policial” que llegó a
imputarles penas de hasta 12 años de cárcel (42 en total) y haberse tomado un tiempo
para desconectar de la Justicia y la exposición mediática, prolongado forzosamente
por las limitaciones de la pandemia, la asamblea de ‘Preguntar No Es Delito’ ha
regresado a los juzgados, en esta ocasión para interponer denuncia.
Las constantes noticias de casos de represión bajo la ‘Ley Mordaza’, amparadas
únicamente en la palabra de policías que cuando se demuestra falsa no implica
consecuencias, los ha llevado a plantear su caso, excepcional por contar con dos
vídeos inesperados que evidencian la falsedad de la acusación. “Si las imágenes
valen más que mil palabras, entendemos que es una oportunidad única para que se
haga auténtica justicia o para evidenciar los resortes del poder que lo impiden”,
señalan desde la asamblea que conformaron los imputados.
En concreto, han presentado denuncia por la agresión y la denuncia falsa que
entienden que protagonizaron los policías, así como por falsedad documental, al
presentar las empresas de renting que prestaba servicios para el Gobierno de Ignacio
Diego facturas que justificaran el delito con varias irregularidades, incluyendo daños
inapreciables a la luz de los vídeos.
A lo largo de los más de cuatro años que duró el “tortuoso” proceso, los imputados
recibieron un apoyo impresionante en las ruedas de prensa, en las huelgas
estudiantiles o el propio juicio. Ahora quieren devolver una parte de toda esa
solidaridad, abriendo un proceso contra los policías y empresas que fabricaron el
presunto montaje, principalmente para sentar un precedente que pueda evitar futuros
casos de represión como aquél por defender la Educación Pública o, como
actualmente está ocurriendo, por parar un desahucio en Astillero.
Además, recuerdan que el apoyo de profesores, personal y estudiantes nunca se vio
culminado con el compromiso demandado al entonces rector (Gómez Sal) de la
institución, de que la Universidad de Cantabria se consagrara como espacio de
libertad y debate, de que nunca volvería a censurarse como ocurrió aquella mañana.
Desde #PreguntarNoEsDelito esperan seguir recibiendo el apoyo popular que hizo
posible la sentencia exculpatoria, para acabar con la impunidad de quienes son
capaces de mentir y falsificar pruebas, utilizando el dinero público con el objetivo de
perseguir cualquier disidencia. Como recogía el manifiesto por la absolución y la no
repetición de aquel proceso, que firmaron cientos de personas, “la arbitrariedad
conlleva que mañana podamos ser cualquiera de nosotras quienes enfrentemos algo
así de forma injusta”.