DISCAPACIDAD
Felipe Folch, un vecino de Alcalà de Xivert, envió ayer una carta abierta dirigida a Renfe y Adifdenunciando la imposibilidad a día de hoy demoverse en tren libremente
Madrid, 24 de febrero de 2022
El senador Carles Mulet ha registrado en el Senado distintas preguntas al Gobierno para conocer cómo van a abordar la denuncia formulada por Felipe Folch, un vecino de Alcalà de Xivert con diversidad funcional que vive en sus propias carnes los problemas de movilidad en tren y las dificultades de tratar de realizar una vida lo más normal posible por el hecho que los trenes siguen sin ser accesibles a día de hoy en numerosos convoyes y estaciones del Estado. Folch recordaba en una carta que su situación haría inviable que cualquier político en su situación pudiera desplazarse a Madrid, al tener que pedir permiso para viajar en tren con plazos de 24 o 48 horas de antelación y que todo sea accesible para todas las personas, algo que por ley ya es obligatorio y tienen reconocidas las personas con discapacidad y problemas de movilidad.
“Pero lamentablemente empresas como Renfe y ADIF son las primeras en incumplir la Ley y tener sus estaciones, pasos a nivel, accesos al tren adaptados”, explica Mulet, “por lo que hemos preguntado cómo van a acabar con esta flagrante discriminación”. Así el senador ha pedido al Gobierno conocer qué medidas va a adoptar para impulsar una nueva normativa o protocolos que terminen con estas discriminaciones, también una relación de estaciones del territorio español que todavía no son accesibles al 100% para personas con diversidad funcional y los motivos por los que los trenes de cercanías todavía no son todos accesibles para personas con diversidad funcional.
Desde Compromís insisten en la necesidad de recuperar las frecuencias anteriores a la pandemia y mejorar la puntualidad y accesibilidad de los trenes para recuperar la credibilidad y uso del servicio de años anteriores. “No es razonable que, a día de hoy, con toda la normativa existente en materia de accesibilidad, sean las propias empresas del Estado las que incumplan la normativa”, concluye Mulet.
