UNA NUEVA SENTENCIA DEL TSJCV CONDENA AL AYUNTAMIENTO AL ABONO
DE 248.000 MÁS INTERESES LEGALES POR LA APROPIACIÓN AL MARGEN DE
LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DEL TERRENO PARA DOS VIALES
EN 2021 OTRA SENTENCIA OBLIGÓ AL PAGO DE 600.000 A UN PARTICULAR
PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA CESIÓN DE SUELO DOTACIONAL
ESCOLAR EN UNA URBANIZACIÓN
Una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 27 de julio
de 2021 obliga al ayuntamiento de San Miguel de Salinas al abono de 248.000 € más los
intereses legales que procedan por la ocupación vía de hecho de unos terrenos de propiedad
privada. La ocupación vía de hecho es la privación de la propiedad privada sin que la
Administración haya cumplido con los trámites previstos por la Ley.
Este dilatado litigio hunde sus raíces a principios de la década de 1980. Los demandantes han
reclamado desde entonces al Ayuntamiento, de manera infructuosa hasta ahora, una
indemnización por la ocupación de terrenos de su propiedad “sin justo título ni procedimiento
alguno” de 235,09m2 y 556,86m2 para abrir dos viales, que corresponden a las calles Quevedo y
Padre Jesús, según se recoge en la Sentencia.
Esta Sentencia se suma a otra acometida en el ejercicio presupuestario de 2021 achacables ambas
a deficiencias en la gestión urbanística. El ayuntamiento ha abonado 600.000 € a un particular
por otra Sentencia del TSJCV equivalentes al abono de 436.839 €, más los intereses de
demora para la expropiación de un suelo calificado de dotacional escolar en las Normas
Subsidiarias de planeamiento de 1988; pero que el ayuntamiento no había ejecutado.
La asociación de vecinas y vecinos “San Miguel Arcángel” advierte que en un año las arcas
municipales, es decir los contribuyentes, deberemos de hacer frente en torno a un millón de euros
para el abono de estas dos Sentencias judiciales. Ambos procedimientos judiciales tienen su
origen en defectos de la gestión urbanística de hace más de tres décadas. Los contribuyentes
estamos abonando esta factura con una mayor presión fiscal, por ejemplo, a través de los recibos
del IBI y del agua, con una falta de inversiones productivas y de servicios y unos raquíticos
servicios públicos.
De estos hechos se desprende la importancia de la la información, participación de la ciudadanía
y transparencia en la gestión de los asuntos públicos, como en el urbanismo, porque al final los
contribuyentes somos los paganos de una gestión política deficiente.
La Junta Directiva
