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Como todos los lunes se han reunido un grupo de pensionistas de Paterna, donde se ha leído el
comunicado de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones sobre la subida del
precio de la electricidad. El precio de la luz está disparado a pesar de la disminución en impuestos que ha
aprobado el gobierno, reducción del IVA al 10% y suspensión del 7% del impuesto sobre producción y
reciente la casi eliminación del impuesto especial hasta el 0,5%.
Entonces, ¿cuál son las verdaderas causas de este incremento que empobrece a la mayoría social y
engorda los beneficios de las eléctricas. La existencia de un gravoso oligopolio empresarial eléctrico. Sólo
cuatro empresas se reparten el 80% de la producción y el 90% de la distribución. Es decir, las mismas
empresas ofertan la luz, la compran a través de las comercializadoras y después se la cobran a los
consumidores. Además, la producción eléctrica se hace en régimen de monopolio por territorios.
Un mercado eléctrico mayorista que permite legalmente que las empresas productoras vendan toda la
energía que se consume al precio marcado por el tipo de producción más caro, el de las centrales de gas y
combustibles sólidos. Es como si tuviéramos obligatoriamente que pagar el jamón york a precio de jamón
de jabugo.
La manipulación del mercado mayorista por parte de las empresas. Esto se consigue porque no hay
competencia real al ser la misma empresa matriz quien produce la energía, se la compra a sí misma con su
comercializadora y la cobra a los consumidores que no pueden influir en el precio de ningún modo, sólo
pagar lo que le piden.
Puesto que la luz es un bien básico y estratégico, la solución pasa inequívocamente por romper el
oligopolio y la falta de competencia. En muchos países existen empresas pública de electricidad. En
España, las teníamos y los mismos políticos que se han beneficiado de las puertas giratorias las han
privatizado y han legislado y legislan a favor de las empresas.
Cambiar la legislación del mercado de la luz para impedir los llamados “beneficios caídos del cielo”, que
permite cobrar a las eléctricas el Kw barato de la energía hidráulica al más caro de la del gas. Es decir, la
limitación legal de precios. Todo esto se puede hacer si hay voluntad política de llevarlo a cabo. No
hacerlo supone un “delito social” que debería tener consecuencias políticas y penales para las personas
responsables.
La Coordinadora (COESPE), que dedica su actividad fundamental a la defensa de las pensiones públicas,
también está preocupada por estos hechos y llama a la movilización en protesta por este “expolio” a la
clase trabajadora. Sólo con la protesta activa en la calle, protesta pasiva mediante “apagones” voluntarios
y devolución controlada de recibos, se pueden revertir estas políticas tan perjudiciales para la mayoría.

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