El pasado 10 de noviembre se licitó por parte del Ayuntamiento de Madrid la renovación del contrato de servicio de Conservación Integral de Parques y Viveros Municipales.
Este contrato entró en vigor en el año 2014, siendo alcaldesa Ana Botella y en él se incluyeron algunos parques históricos y los viveros municipales que, hasta entonces, habían sido gestionados directamente con estructura y personal municipal y supuso la privatización total del Parque de la Fuente del Berro y La Rosaleda del Parque del Oeste. El personal municipal fue relegado a determinadas zonas en la Casa de Campo y Parque del Retiro y, en el caso de los viveros municipales, a dejar de realizar labores propias de sus puestos de trabajo y categorías , ya que les corresponde hacerlo, según los pliegos de condiciones, a las empresas adjudicatarias del contrato, dándose una situación absurda e ineficaz de gestión del servicio, ya que se cuenta con la estructura y personal para su prestación y sólo hay que dotarlo de los medios necesarios.
La última vuelta de tuerca de este despropósito está en la licitación en esta ocasión de la Quinta de Torre Arias, jardín histórico singular, declarado Bien de Interés Cultural y que fue recuperado para el pueblo de Madrid gracias a la lucha vecinal, política y sindical, ya que la intención del entonces gobierno municipal liderado por Ana Botella era cederlo a la entidad privada Universidad de Navarra, del Opus Dei, siendo el único parque que se mantiene actualmente mediante gestión directa, gracias también al empeño y buen hacer de la plantilla municipal compuesta por 11 personas de diversas categorías que, además hacen una labor pedagógica y educativa con huerta ecológica, visitas guiadas, talleres, fomentando de esta manera la participación ciudadana.
Con los nuevos pliegos se pretende apartar a esta plantilla municipal a un mínimo espacio de 2 hectáreas del parque, la zona dedicada a los huertos, cuando durante estos 8 años ha sido este personal el que ha acometido la totalidad de las labores de jardinería, además de su recuperación y únicamente habría que seguir dotando al parque de los medios necesarios, tanto humanos como materiales.
Esta gestión privatizada sólo supone un beneficio para las empresas adjudicatarias a
las que, como se vanagloria el delegado del área, Borja Carabante, se va a aumentar el presupuesto en 30 millones de euros anuales que salen de nuestros impuestos como vecinas y vecinos de esta ciudad y que, gestionados de manera directa, supondrían un ahorro y una mejora del servicio que, además no repercutiría en las condiciones laborales de las plantillas.
Es por ello que apoyamos las reivindicaciones contra la privatización del parque de Torre Arias y todas las movilizaciones destinadas a recuperar unos servicios públicos dignos que sean para beneficio del pueblo de Madrid y no para enriquecimiento de unos pocos. Así mismo, emplazamos a colectivos y personas a unirse a esta reivindicación social y política.
