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● UP-EU ha destacado el acuerdo conseguido con sus socios en la Ley
de regulación de las viviendas colaborativas y el decreto que
multará a los fondos buitre que acosen a los vecinos y que velarán
por dotar en este 2023 de recursos humanos los centros de atención
primaria para garantizar la salud mental

VALÈNCIA 10/01/23 La síndica de Unides Podem-Esquerra Unida, Pilar Lima, ha
indicado que hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial
en la Comunitat Valenciana es una de las principales prioridades del Grupo
Parlamentario para los meses que quedan de legislatura en los que también se hará
hincapié en el refuerzo de personal específico de salud mental en la atención primaria
cumpliendo con el pacto de las enmiendas a la Ley de Acompañamiento de
Presupuestos que incluirá gradualmente psicólogos clínicos en «al menos» dos tercios
de los centros de salud del sistema valenciano.

Por un lado, UP continúa con la tramitación de la futura ley de viviendas colaborativas
como herramienta para desterrar el factor especulativo a la hora de acceder a un
derecho como es la vivienda, una norma ampliamente trabajada desde la Conselleria
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige el vicepresidente del Consell Héctor
Illueca, de Unides Podem y que se retomará en la comisión el próximo 16 de enero,
aportando una alternativa para el modelo especulador que trata la vivienda como un
bien de mercado en vez de como un derecho social.


Lima ha explicado que con esta regulación de este nuevo modo residencial, que deberá
incorporar, además de viviendas individuales, espacios o dependencias para uso
común en al menos un 20% de la superficie y contará bonificaciones fiscales, la
Comunitat Valenciana se acerca al objetivo de hacer totalmente “efectivo el derecho a
una vivienda asequible, digna y adecuada al tiempo que se impulsa la reorientación del
modelo productivo en materia residencial”.

Por otro lado, Lima se ha congratulado de que “el decreto para multar el acoso de los
fondos buitre a quienes tienen una vivienda en alquiler para que la abandonen que ya
ha recibido informe favorable de la Abogacía de la Generalitat para continuar su
camino, una norma que protegerá a los inquilinos frente a quienes entienden la
vivienda como un simple bien de mercado con el que especular”.

Este decreto ley que tramita también la Conselleria de Vivienda y Arquitectura
Bioclimática prevé multas de hasta un millón de euros a las entidades financieras que,
a la compra de un edificio, acosen a los inquilinos con el fin de que abandonen la
vivienda. Se define como acoso inmobiliario la “acción u omisión en perjuicio de la
persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarle en el uso y disfrute pacífico
de la misma, incluso generándole un entorno material, social, personal o familiar hostil
o humillante” y el texto incluye además la obligación de los grandes tenedores de
viviendas de la Comunitat Valenciana de “ofrecer una propuesta de alquiler asequible
a la persona o unidad de convivencia en riesgo de pérdida de su vivienda habitual y
permanente, siempre que se constate por la administración pública competente en
materia de vivienda, la situación de exclusión residencial”.

Finalmente, Lima ha querido destacar que desde UP se continuará priorizando que los
derechos introducidos en la ley de salud de la Comunitat Valenciana en materia de
salud mental se cumplan y se materialicen en recursos para los próximos cuatro años
como acordamos con nuestros socios en los presupuestos. La síndica asegura que se va
“a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que a partir de 2023 se realice una
dotación y esfuerzo nunca antes visto en los recursos humanos para la salud mental
dirigida a los centros de atención primaria”.


Con estos dos claros objetivos, se ha promovido desde el Grupo Parlamentario de
Unides Podem-Esquerra Unida que enero se convirtiera en un mes hábil para finalizar
todas las tareas que están pendientes. En esta recta final, se seguirán impulsando
políticas transformadoras que mejoren la vida de la gente y, esto implica no dar un
paso atrás en todo lo conseguido, pero ir a por más y ofrecer la mejor cobertura para
los impactos económicos que está generando la inflación en las familias más humildes
y en las pequeñas y medianas empresas.

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