Sobre la situación actual de los vecinos del edificio en la calle San Sebastián nº 18 en Paterna.
En este edificio existen dos tipos de propietarios, los residentes y los no residentes, con intereses económicos enfrentados, lo que ha conducido a una lamentable situación de acoso inmobiliario y abandono del edificio.
El acoso inmobiliario: se puede definir como las prácticas antisociales basadas en el acoso y abuso para forzar que alguien se vaya de su casa. La picaresca y artimañas son variadas: inducir la entrada de okupas en el edificio, vecinos perturbadores, falta de higiene y mantenimiento del edificio, cortes en los suministros básicos de agua y luz… El objetivo no es otro que desahuciar al vecino bajo una falsa apariencia de legalidad, convencerle para que él mismo abandone o malvenda su vivienda. Para ello se minan la paciencia e integridad moral del vecino, prácticas todas ellas que constituyen fraude y delito. Se ceba en las personas más desfavorecidas de la población, personas de edad avanzada, enfermas o con alguna discapacidad y, en general, todas con escasos recursos, buena parte de ellas, solas. El perfil de las víctimas del acoso inmobiliario se ciñe, mayoritariamente, al que componen estos rasgos.
Abandono del edificio: en su mantenimiento interior y exterior del mismo, prueba de ello son los desprendimientos de la fachada que ya se han producido y que pueden ocasionar en cualquier momento daño a terceras personas.
Los propietarios residentes: son los más antiguos, durante más de 40 años han sido quienes lo han mantenido y quienes tienen interés en que esta situación mejore. Son estos propietarios residentes quienes vienen padeciendo el acoso inmobiliario. Sus viviendas son el lugar donde moran y no están en condiciones económicas de trasladarse a otra vivienda. Hay que recordar que los Derechos Humanos consideran la vivienda necesaria. Para ser persona necesitamos aire, agua, alimento y cobijo.
Los propietarios no residentes: son en general entidades financieras o instituciones, quienes no vienen demostrando interés en las viviendas actuales, lo que se pone de manifiesto en la poca o nula inversión en el edificio. Nula inversión en mantenimiento y en mejoras del mismo en los últimos 4 años. Están a la espera que el negocio inmobiliario se reactive y la edificación sea declarada en ruinas. En dicho momento ninguno de los propietarios residentes podrá hacer frente a los gastos de demolición del edificio y estarán obligados a malvender sus propiedades. Sobre el solar del actual edificio será posible ejecutar viviendas nuevas. El edificio cuenta con buenas vistas, panorámica sobre el Turia, Manises, Quart de Poblet, etc… Así como una buena ubicación en una zona moderna de desarrollo y cercana a varios parques.
Vecinos de la calle San Sebastián nº18 llevan años denunciado la difícil convivencia que se registra en su edificio, con temor a represalias, el estar siendo sometidos a presiones, agresiones físicas y verbales de todo tipo, daños en sus propiedades, falta de higiene en zonas comunes, rellanos de escaleras, trasteros y azotea, lanzamiento de basuras por ventanas además del aprovechamiento fraudulento del agua y la electricidad comunitarias, imposibilidad de hacer funcionar el ascensor, etc…
Ante esta situación, que toda la sociedad conoce como práctica habitual de abusos, y que todos reconocemos como parte de las estrategias de las empresas que respetan más el dinero que a las personas o los contratos que les comprometen, hay muy pocas opciones. Los procesos judiciales son larguísimos y complejos, lo que constituye un escollo insalvable para personas muy por encima de la edad de jubilación.
No puede enfrentarse un grupo de vecinos de pocos recursos ante un buen gabinete jurídico de una empresa, especializado en todo cuanto tenga que ver con la defensa del sector contra cualquier clase de reclamación.
El atropello de las víctimas del acoso inmobiliario comienza, pues, en su propia casa, pero continua en las instituciones. El Ayuntamiento no ayuda a la parte débil, emitiendo una multa a los vecinos como consecuencia de un expediente por falta de mantenimiento de la fachada del edificio, así como el previsible futuro expediente de ruina, que permitirá el desalojo «legal» de los vecinos.
La realidad es que, seguramente, el edificio acabará siendo demolido, los inquilinos trasladados y las obras realizadas en las condiciones planeadas. Nada nuevo y demasiado frecuente, como para no cuestionar la atención que las instituciones y la sociedad en general prestan a los que sufren estas prácticas.
Ante esta situación cabe recordar que el Ayuntamiento de Paterna debe inspeccionar, mediar y solucionar problemas de seguridad, convivencia y salud vecinal. Y no ha actuado con la celeridad que sería necesaria.
