Ante los retos de la sequía y el cambio climático el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem –En Marea, ha visto prosperar su alternativa al Real Decreto del Gobierno del Partido Popular para la tramitación sea como Proyecto de Ley.
La diputada y Secretaria Segunda de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosana Pastor ha valorado positivamente que la tramitación se haga como Proyecto de Ley y que así “permita el diálogo para consensuar una estrategia que frene la creciente mercantilización del Agua, la desregulacion de los contratos de cesión de aguas y la sobreexplotación de los acuíferos. Una estrategia capaz de proteger a las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares ahora en riesgo, que facilite las condiciones de acceso al subsidio agrario y contemple créditos y ayudas fiscales a las explotaciones vulnerables, manteniendo la moratoria de cuotas a la Seguridad Social”.
Pastor se ha referido a la propuesta del Gobierno del Partido Popular como “un decreto de sequía incentiva, a costa del erario público que al tiempo que debilita el sistema público concesional margina el uso de las desaladoras ya construidas. Es decir, con el pretexto de la sequía se desregulan más los contratos de cesión en las cuencas del Segura, Júcar y Duero, al permitir la venta del volumen total de concesión, lo que se conoce como aguas de papel, incumpliendo la Ley de Aguas que limita los contratos de cesión al caudal realmente usado. Con ello se incentiva vender caudales que no son usados por el concesionario, con el consiguiente impacto ambiental y a terceros, agudizando la sobreexplotación de acuíferos”. Por otro lado- ha añadido- que la propuesta del PP elude el principio legal de permitir sólo transferencias a usos de menor prelación, tal y como preveía, con razón la Ley de Aguas.
La diputada valenciana ha tachado al Gobierno de injusto e ineficaz. A este respecto ha destacado que “es preciso cubrir pérdidas de pequeños y medianos agricultores y ganaderos vulnerables en todo el país. Hay que compensar financieramente pérdidas y poner medios para suplementar la disponibilidad de agua a los agricultores y ganaderos más vulnerables del país, y no sólo en el Júcar, Segura y Duero, en lugar de destinar gran parte de los fondos públicos a prósperas empresas agro exportadoras e integradoras ganaderas en esas cuencas. Eximir el pago de canon y tarifa por el agua disponible, en esas cuencas y en el trasvase Tajo-Segura conlleva que quien reciba los caudales disponibles lo hace gratis, en contra de la racionalidad que exige una estrategia de gestión de la demanda, y luego se anima a los pequeños regantes a que vendan en los mercados, tanto esas aguas como sus derechos en los acuíferos”.
Según ha explicado Pastor “el Gobierno favorece el cierre de explotaciones agrarias y ganaderas vulnerables. En la pasada sequía del período de 2006 a 2009, los usuarios del trasvase Tajo Segura, lejos de perder dinero, ganaron más de 15 millones, al ahorrarse en exenciones 63 millones de euros y gastarse 48 millones en comprar agua a regantes del Tajo. En esta ocasión el Gobierno muestra la puerta a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos del Segura, que ven peligrar sus explotaciones, al animarles a vender sus derechos de agua a grandes productores, que pueden pagar, con el incentivo de poder ofrecer sus concesiones al completo”.
Por último, Rosana Pastor ha advertido que “en lugar de financiar una estrategia eficaz basada en una buena planificación, seguros, gestión de la demanda y nuevas tecnologías, se incentivan viejas estrategias de oferta, se deja gratis el agua disponible, se desregulan libres mercados de agua y se olvida que disponemos de plantas de desalación infrautilizadas, especialmente en el Segura y Júcar. Mientras, por otro lado el Gobierno sigue eludiendo la responsabilidad de recuperar nuestros acuíferos como la principal infraestructura de almacenamiento de reservas para periodos de sequía, permitiendo la existencia de más de 1 millón de pozos ilegales en el país”.
