”La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que (…) socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los «gastos iniciales» requeridos por la corrupción”. (ONU. Declaración del Día internacional contra la corrupción todos los 9 de diciembre).
El pasado 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de la ONU aprobó una Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) que contiene 71 artículos vinculantes para los países adheridos, España entre ellos. La adhesión de nuestro país fue publicada en el BOE de 19 de julio de 2006) y, desde entonces, se supone que todas las administraciones públicas españolas deberían obligadamente cumplir sus principios, desarrollar las medidas y mecanismos necesarios para prevenir y castigar las prácticas corruptas. Pero aunque han pasado más de 10 años estos problemas siguen creciendo y ampliándose.
Según una encuesta entre directivos del mundo, el 70 % de los consultados considera ‘habitual’ el soborno y la corrupción en España (Fraud and corruption—the easy option for growth?, 2015).
Ampliando la muestra, la pregunta del Euro Barómetro de octubre 2015 sobre corrupción, ”¿Es habitual el problema de la corrupción en su país?”, indicó que la respuesta era ”mucho” para el 65 % y ”bastante” para el 30%. Además de que al menos durante los dos últimos años, las encuestas de opinión del Centro español de Investigaciones Sociológicas sitúan la corrupción como segunda preocupación de nuestra población, después del paro. La realidad de hoy es que siguen disparadas todas las alarmas sobre corrupción. Pero aún sabemos poco de cómo se produce, las repercusiones que tiene sobre nuestras condiciones de vida y, sobre todo, cómo afecta al funcionamiento habitual de las administraciones públicas. POR ESO ESTE DOCUMENTAL Y DEBATE ABIERTO.
El documental
El documental que presentamos utiliza una aproximación micro sociológica, poniendo el foco sobre personas concretas y casos específicos, particulares, mayormente trabajadores y trabajadoras municipales:
+ ltziar González Virós. Arquitecta y urbanista. Experta en procesos participación ciudadana y resolución de conflictos .
+ Jaume Llansó. Psicólogo social. Máster en Administración Pública. Pionero en denunciar la corrupción en Cataluña.
+ Carlos Martínez. Inspector Cursos de Formación Ocupacional desde 1986, en el INEM y luego el SOC (Cataluña).
+ Maite Carol. Licenciada en Economía y Gestión de Hacienda Autonómica y Local.
+ Albert Gadea. Médico, especialista en Administración Pública. Exdirector Planificación Ayuntamiento Santa Coloma.
+ Fernando Urruticoechea. Interventor municipal en un Ayuntamiento valenciano. Economista.
En el documental también intervienen reconocidos expertos y expertas multidisciplinares:
Victoria Camps. Catedrática emérita de Filosofía y Política en la Autónoma de Barcelona.
Carlos Jiménez Villarejo. Licenciado en Derecho, Jurista, Fiscal Anticorrupción de 1995 a 2003.
Manuel Villoria. Doctor Ciencias Políticas y Sociología Universidad Complutense de Madrid. Abogado y Filólogo
Joan Queralt. Catedrático de Derecho en la Universidad de Barcelona.
Enric Pons. Impulsor del OCM— Observatorio Ciudadano Municipal.
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