La diputadas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem-En Marea, Àngela Ballester y Sònia Farré, vocal y portavoz adjunta respectivamente en Comisión de Asuntos Exteriores, han dirigido al Gobierno una serie de preguntas relativas a las detenciones administrativas de Israel de la diputada palestina Khalida Jarr y de la feminista Khitam Saafin.
Las diputadas de Unidos Podemos, Àngela Ballester y Sònia Farré denuncian que las detenciones se han producido “sin ningún tipo de cargo ni juicio ni posibilidad de defensa y otras garantías judiciales, solo basadas en pruebas que las autoridades israelíes consideran secretas. En el caso de Khitam Saafin recibió su orden de detención administrativa por una duración de tres meses el pasado 9 de julio. Por su parte, Khalida Jarr recibió su orden de detención administrativa con una duración de seis meses el pasado 12 de julio”.
El ejército israelí emite las denominadas detenciones administrativas, es decir, encarcelamientos arbitrarios sin cargos ni juicio previo por periodos de seis meses que se pueden extender durante años. Unas detenciones basadas en la legislación militar que les faculta para detener a personas por motivos excepcionales de seguridad. Para Ballester “las detenciones administrativas son una grave violación del derecho internacional y de la legislación de protección de los derechos humanos, entre ellas los artículos 66, 72 y 78 de la Cuarta Convención de Ginebra, que tipifican los estándares de un juicio justo y el derecho a la propia defensa”.
Las detenciones administrativas han sido también denunciadas por Amnistía Internacional y varias ONGs de derechos humanos por considerar que infringen el derecho internacional en materia de detención arbitraria y el derecho a un juicio justo y por su uso contra reconocidos líderes palestinos y palestinas en violación de sus derechos a promover campañas pacíficas y legítimas contra la ocupación israelí.
Ballester y Ferré han advertido que este tipo de encarcelamientos arbitrarios, que Israel denomina detenciones administrativas, así como la legislación militar israelí sólo se aplica a población palestina. Se trata de una práctica que “el informe Prácticas Israelíes contra el Pueblo Palestino y la Cuestión del Apartheid de la Comisión Económica y Social del Asia Occidental de las Naciones Unidas califica como constitutiva de delito de apartheid, según la Convención Internacional para la Supresión y Castigo contra el crimen de Apartheid de 1973”. Y han recordado que “acabar con esta modalidad de encarcelamientos arbitrarios fue una de las demandas de la huelga de hambre realizada por 1100 personas presas palestinas el pasado mes de mayo. No podemos olvidar, que en la actualidad hay 750 personas encarceladas por detención administrativa en cárceles israelíes”.
Los hechos tuvieron lugar el domingo 2 de julio cuando militares israelíes arrestaron a Khalida Jarr, parlamentaria palestina del Frente Popular para la Liberación de Palestina y reconocida activista en defensa de los derechos de los personas presas palestinas. Ese mismo día, también fue detenida Khitam Saafin, presidenta de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y reconocida feminista palestina. Después ambas mujeres recibieron de un juez militar órdenes de detención administrativa.
Son tres las cuestiones formuladas por Ballester y Ferré al Gobierno de Mariano Rajoy, la primera de ellas pregunta sobre las iniciativas que ha llevado a cabo el Gobierno de España para asegurarse que las autoridades militares israelíes respetan el derecho a un juicio justo, a conocer los cargos que se les imputan y el derecho a su propia defensa de Khalida Jarr y Khitam Saafin. La segunda pregunta quiere obtener contestación sobre las gestiones efectuadas por el Gobierno de España ante el Gobierno de Israel para pedir la liberación de las dos prisioneras palestinas. Y por último, la tercera pretende explicaciones sobre las iniciativas que ha llevado a cabo el Gobierno de España, con sus socios de la Unión Europea o en instancias internacionales, para pasar de “mostrar su preocupación” como ha declarado, a erradicar la práctica de las detenciones administrativas realizadas por Israel.
