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El Secretario General de Podem responde al Vicepresidente de la Diputación de Valencia que los datos referidos muestran un mejor uso de las diputaciones, pero también que son instituciones intermediarias en la acción municipal que «responden a las necesidades de hace 2 siglos»

Después de que el Vicepresidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, haya justificado la utilidad de las Diputaciones con las cifras de inversión en los municipios comparando la Diputación de Valencia con la de Castellón o Alicante, el Secretario General de Podem, Antonio Estañ, considera que esa respuesta «demuestra que la Diputación de València se está gestionando mejor que la de Alicante y la de Castellón. Solo faltaría. Pero ese traslado de inversión también demuestra que son instituciones que responden a un papel de intermediación que limitan una gestión directa por parte de los municipios».

En ese sentido, Estañ señala que las Diputaciones «absorben recursos que se gestionarían con más eficiencia directamente desde los ayuntamientos o la Generalitat porque no tienen competencias definidas, suponen más gastos en sueldos, provocan duplicidades, son instituciones no democráticas –porque no están escogidas directamente por la ciudadanía- y no pueden ofrecer servicios idóneos ya que no pueden ser instituciones de proximidad», valora el Secretario General de Podem.

Dentro de ese debate sobre el funcionamiento institucional, el Secretario General de Podem señala que «en Europa ya se está trabajando para evitar duplicidades. En Francia se están reformando los departamentos, en Italia las provincias,» añade Estañ. «En el País Valenciano tenemos la oportunidad de ir diseñando un nuevo modelo institucional que modernice el modelo del estado del siglo XIX», valora Estañ que, además de apostar por una reforma constitucional que permita a las autonomías decidir sobre este órgano, considera crucial que «desde el Consell se tenga una posición conjunta sobre las Diputaciones y se avance hacia la supresión con, por ejemplo, la Ley de Mancomunidades, que pueda ir recuperando la soberanía municipal que las Diputaciones siempre han lastrado en nuestro estado» o haciendo uso de la ley de coordinación de 1983 que permite vaciarlas de competencias que ante las necesidades acuciantes de apoyo al mundo local, la situación de emergencia social y el problema persistente de articulación territorial, se plantea como un reajuste fundamental que el govern tiene la posibilidad de acometer cuanto antes.

Estañ lamenta «la posición tan defensiva del Vicepresidente de la Diputación de València ya que no centramos la crítica en la gestión actual de la diputación de València, sino en la Diputación como institución ineficaz y el compromiso del Botanic con la reducción de los gastos superfluos y la reordenación de competencias», compromiso que espera que compartan todos sus integrantes, independientemente del papel que ahora ocupen en ellas.

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