• Las diputadas en el Congreso Rita Bosaho y Rosana Pastor destacan la total falta de control de la entidad que muestra el informe del Tribunal.

Las diputadas de Podemos Rita Bosaho, por Alicante y Rosana Pastor, por Valencia, han presentado unas preguntas al Gobierno sobre la fiscalización del Tribunal de Cuentas en Casa Mediterráneo. «Las informaciones que nos han llegado citando al Tribunal son escandalosas,» ha manifestado Bosaho, «durante el periodo de la anterior directora, colocada a dedo por el ex ministro García Margallo, el informe observa la práctica totalidad de las irregularidades posibles, desde fraccionamiento de contratos a gastos e ingresos arbitrarios e injustificados.»

«El Informe recoge en sus conclusiones que el Consorcio Casa Mediterráneo carece de planificación estratégica y de objetivos declarados», ha ampliado Rosana Pastor, «datos necesarios para justificar su utilidad para el interés público y el dinero de todos y todas en él invertido. Además, los fines establecidos en sus estatutos son muy amplios, generales y ambiguos, solapándose su actividad con la de otros Consorcios.»

En cuanto al cumplimiento de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Informe observa “deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad en la página web del Consorcio, con omisiones importantes.” Del mismo modo en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de buen gobierno llama la atención la sanción por infracción grave impuesta a la directora General por la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas en mayo del año pasado por no declarar “actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes Registros, tras el apercibimiento para ello.

Unidos Podemos advierte finalmente en el escrito que acompaña a las preguntas que «las administraciones consorciadas deben establecer con claridad sus actividades y cumplir los compromisos de transparencia respecto a la financiación y gastos del Consorcio que permitan una correcta gestión de las actividades de la entidad,» y asegura que «las conclusiones del informe nos señalan que la gestión del Consorcio se regía por una falta absoluta de control y de la más mínima observancia de las obligaciones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado, en la Ley de Transparencia y en los propios estatutos del Consorcio.»

Por todo ello, la formación morada ha registrado dos preguntas que buscan averiguar qué tipo de acciones tiene previsto poner en marcha el Gobierno para dirimir las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales que pudieran derivarse de las irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas y si dispone el Gobierno de mecanismos para verificar el correcto cumplimiento y desarrollo de los programas que se recogen en los  Estatutos de creación del Consorcio Casa Mediterráneo, en tanto que organismo financiado con fondos públicos.

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