Entidades antirracistas coordinadas a nivel estatal exigen igualdad de derechos para
todas las personas migrantes y refugiadas en esta crisis sanitaria
13 de abril- Un total de 112 colectivos y organizaciones exigen hoy en una carta al Gobierno la
regularización de las alrededor de 600 mil personas que, se calcula, se encuentran en situación
administrativa irregular en el Estado español y que han quedado fuera de los paquetes de medidas
aprobadas para mitigar el impacto económico y social lo que agrava, aún más, sus condiciones de
vida.
Desde esta red antirracista, denuncian que la crisis sanitaria, económica, social y de cuidados por
el Coronavirus ha puesto en evidencia, por una parte, los efectos de las políticas de ajuste de los
últimos años en los ámbitos sanitarios, sociales, laborales, económicos etc. y por otra, el
agravamiento de las condiciones de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, dentro
de ellas la población migrante sin papeles.
“La crisis por el Covid-19 nos ha dejado en una situación extremadamente difícil por la falta de
recursos y la exclusión social”, asegura Lamine Sarr, del Sindicato Popular de Vendedores
Ambulantes de Barcelona, que forma parte de esta campaña. “Desde el Gobierno, dicen que no van
a dejar a nadie atrás pero nos han dejado fuera de todas las medidas de emergencia social, así que
hemos puesto en marcha un banco de alimentos que nos ayudará a cubrir algunas de las
necesidades básicas de más de 340 familias”, añade.
Además, Sarr denuncia que varias mujeres que estaban trabajando como costureras han sido
identificadas y amenazadas por la policía a la salida de la fábrica de batas, gorros de médico para
hospitales y mascarillas para colectivos y personas en situación de vulnerabilidad en la que han
transformado su tienda de ropa.
Por otra parte, Kenia García del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, que participa de esta red, señala
las consecuencias de carecer de documentación en regla. “El colectivo de trabajadoras sexuales se
encuentra, hoy más que nunca con la crisis sanitaria, en los márgenes de los márgenes porque no
está reconocido como trabajo dejándonos fuera del sistema, además -incide- sufrimos violencia
social e institucional que se agudiza más con una situación administrativa irregular viviendo con
angustia a ser deportadas, sin acceso a vivienda, sanidad y sin derechos. Desde la exclusión no
tenemos herramientas para hacer frente a los abusos y explotación. No somos víctimas ni
vulnerables, somos personas con los derechos humanos y fundamentales vulnerados”.
Contra las medidas instrumentalizadoras de las personas migrantes
Asimismo, los colectivos migrantes señalan que desde el inicio del estado de alarma las propuestas
del Gobierno no les han tenido en cuenta y las que se han ido tomando como el Real Decreto Ley
13/2020 responden a un carácter instrumentalista y mercantilista de “regularización selectiva” ya
que responde a incorporar mano de obra en el sector agrario para evitar el posible
desabastecimiento de alimentos durante esta crisis. Consideran que son políticas insolidarias que
no responden a la realidad que viven las personas migrantes y refugiadas.
“Es necesaria una regularización de todas para poder ejercer el derecho a la movilidad y tener la
posibilidad de ocupar cualquier puesto de trabajo y no solo los que no quieren las personas
privilegiadas, como son la recogida de fruta, el cuidado de ancianos o la limpieza”, asegura el
representante del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona.
Edith Espinola, portavoz de SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) indica al respecto que el Estado
tiene “naturalizado” que su estado de bienestar y conciliación de vida “se debe seguir sosteniendo
sobre la apropiación de la vida de mujeres del sur global, explotadas y abusadas para brindar
servicios, cuidados y recolectar alimentos, siempre en la economía sumergida, sin derechos y
explotadas”. “Las asociaciones de trabajadoras del hogar estamos aquí para demandar el fin del
trabajo esclavo y la regularización inmediata de las personas migrantes que reduciría su situación
de vulnerabilidad”, apunta.
En este mismo sentido se manifiesta Dolores Jacinto, representante de la Asociación Intercultural
de Profesionales del Hogar y los Cuidados (AIPHYC), de València. “El 40 por ciento de las
trabajadoras del hogar y los cuidados trabaja en la economía sumergida. Muchos de los
empleadores no quieren hacerse cargo de los derechos que actualmente tiene reconocido el sector,
por lo tanto, prefieren contratar a alguien que esté todavía sin documentación para poderse
ahorrar una parte”, afirma. “Desde AIPHYC, consideramos que la regularización de las personas
migrantes es necesaria para que los derechos dejen de ser un privilegio de unos pocos y algo
inalcanzable para otras”, explica.
Por todo ello, más de un centenar de colectivos y organizaciones presentan hoy una carta al
Gobierno con la petición de una regularización urgente, amplia y extraordinaria de todas las
personas migrantes que viven en el territorio español, independientemente de los requisitos
administrativos de las distintas figuras que impone la Ley de Extranjería, la liberación inmediata de
todas las personas internas en CIEs y CETIs de Ceuta y Melilla y el cierre definitivo y permanente de
estos centros, entre otras demandas.
Además, las firmantes del documento destacan que, desde el Gobierno, se pide que este virus lo
paremos unidas y que esto no será posible si hay una parte de la población en las condiciones de
desigualdad en la que se encuentran las personas en situación administrativa irregular. De esta
forma, apelan a la necesidad de una regularización urgente, amplia y extraordinaria que permita la
igualdad de derechos de toda la ciudadanía para luchar y salir verdaderamente juntas de esta crisis.
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