Desde Jóvenes Pensionistas , en publicaciones recientes, venimos aludiendo al término de
“Cifras de la vergüenza” para referirnos a los datos sobre incapacidades permanentes
rechazadas anualmente, de los que ni el INSS ni ninguna administración dan datos oficiales.
Hoy, en una publicación de “Cinco días” firmada por el presidente de Fidelitis, un grupo de
abogados laboralistas que trabajan en incapacidades, nos encontramos con un dato
estremecedor. Antes de la crisis del Covid-19 las solicitudes presentadas por vía
administrativa eran denegadas en un 95% . Ésto quiere decir que se concedía una
incapacidad permanente a una de cada veinte personas que la solicitaban.
No hay que ser muy inteligente para leer entre líneas. ¿Acaso cabe atribuir las diecinueve
restantes a la picaresca o el engaño?¿Es que todas se solicitan sin basarse en criterios médicos?.
Más bien se trata de un modelo hecho en sí para poner trabas y obstáculos . Empezando
por un equipo de evaluadores que en la mayor parte de los casos no tienen nada que ver con
las especialidades médicas asociadas a nuestras patologías. Donde priman más aspectos
económicos que las pruebas e informes de los especialistas que nos atienden.
A todo esto hay que sumar lo siguiente:
● El endurecimiento de los protocolos de concesión de pensiones, dado que los fondos de
reserva de la Seguridad Social, que aún no se habían recuperado de la crisis de 2008,
se han visto afectados por esta situación.
● El colapso sufrido por la sanidad pública, que trae consigo el retraso de pruebas
diagnósticas y los correspondientes informes médicos, por lo que aquellos que estén en
trámite de solicitud verán alargado este proceso en varios meses más.
● Como la mayoría de los casos se resuelven por vía judicial, la paralización de estos
procesos trae consigo una importante demora. La media en España antes de la
pandemia suponía unos 9 meses de espera. En algunas ciudades se demora más de un
año y medio.
Todo esto supone un duro mazazo para un colectivo desfavorecido ya de por sí y que deja
literalmente sin recursos a miles de personas cada año en este país.
Nos complace oír que en esta difícil situación por la que atravesamos no se va a dejar a nadie
atrás, pero los datos dicen lo contrario. Sin pandemia ni confinamiento ya estamos dejando
personas y familias atrás. Personas que terminan perdiendo los trabajos por sus enfermedades
crónicas y a las que sistemáticamente se les niega una pensión para subsistir dejándolas
abandonadas a su suerte.
Es por ello que exigimos una completa reestructuración del sistema que atienda a las
necesidades sanitarias y a las pruebas e informes de los especialistas que nos
atienden, y que dejen de una vez de basarse en criterios económicos y de austeridad.
jovenespensionistas@gmail.com
