Una reciente sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo (29 de mayo, 2020) niega la nacionalidad española a una mujer saharaui nacida en 1973 en lo que en aquel entonces era una provincia española, el “Sáhara Español”.
La sentencia se basa en el art. 17.1.c) del Código Civil, que reconoce la condición de ciudadano español a los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. Sin embargo, el Pleno de la Sala del Tribunal Supremo considera que el Sáhara Occidental no formaba parte de España a los efectos de dicha norma por aquel entonces.
Para llegar a esta conclusión, el Supremo se basa en dos normas que regularon el supuesto proceso de descolonización: la ley 40/1975, de 19 de noviembre, dictada la víspera de la muerte de Franco, sobre descolonización del Sáhara; y el real decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara, en plena transición.
Para el Movimiento Valenciano de Ayuda al Pueblo Saharaui, esta sentencia, es un intento más de este gobierno para desinteresarse sobre la cuestión del Sáhara Occidental, e intentar acabar con cualquier responsabilidad del estado español para concluir una descolonización mal acabada.
Denunciamos que la población saharaui, no sólo sufre el exilio, la represión del ocupante marroquí y la imposibilidad de disfrutar de su territorio y sus recursos naturales, también tiene que aguantar las sistemáticas políticas migratorias de la potencia colonizadora que ahora pretende negarles unos derechos inalienables.
No hace falta recordar la deuda que tenemos con el pueblo saharaui, al cual se le ha ido traicionando continuamente desde que España fue admitida en la Organización de las Naciones Unidas, y reconoció el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, pero que nunca se le dejó ejercer.
Creemos que España debe asumir su responsabilidad como potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental, y asumir el liderazgo en la conclusión de su proceso descolonizador, como le exige la comunidad internacional, las resoluciones de NNUU, y el derecho además de la población española, que apoyamos una solución justa para el pueblo saharaui.
Al gobierno le pedimos, que ceda su postura indigna que ha arrastrado todos los gobiernos españoles del actual periodo democrático, y para demostrar un cambio real de actitud, reconozca de inmediato la República Árabe Saharaui Democrática.
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