Cantabria No Se Vende llevó a cabo una campaña de
concienciación en redes contra su destrucción, trasladándose
además un escrito a las instituciones públicas responsables, que ha
obtenido una respuesta favorable a su conservación y restauración
La semana pasada, CNSV detectaba que unas obras en el concejo
campurriano de Orzales amenazaban seriamente la conservación del lavadero
y el pilón del pueblo. Desde la recientemente constituida Cumisión
d’Alcordanza, Cultura y Patrimoniu del movimiento, se puso en marcha una
campaña de sensibilización social en redes, que obtuvo un eco importante, con
más de 850 interacciones en pocas horas.
A su vez, emitió un escrito al Ayuntamiento de Campoo de Yuso y la Dirección
General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, de la Consejería de
Cultura del Gobierno. En él, se argumentaba que el conjunto de lavadero y
pilón son bienes pertenecientes al patrimonio público y etnográfico que según
la normativa autonómica han de ser preservados por su gran valor.
Y es que el art. 97 de la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria
incluye como bienes inmuebles del patrimonio etnográfico “todas aquellas
construcciones que se ajusten a patrones transmitidos por vía de la costumbre,
y que dan vida a formas y tipos propios de las distintas comarcas de
Cantabria”, así como aquellos “ligados a la actividad productiva, tecnológica e
industrial de Cantabria, tanto en el pasado como en el presente, en cuanto
exponentes de los modos de vida de las gentes de Cantabria”.
A su vez, el art. 98 señala que la Administración autonómica, “considerando la
fragilidad del patrimonio etnográfico material, mueble e inmueble, sometido a la
acción del cambio social y a una permanente desaparición debido a su cese
por falta de uso […] prestará una especial atención a los lugares públicos que
tengan una relación clara con la identidad de Cantabria, tanto en tiempos
ancestrales como más recientes, que pueden desempeñar otras funciones
actualmente, pero que no deben perder su primitivo significado. Así, se
protegerán y promocionarán, entre otros, los bienes inmuebles y muebles de
casas de concejo, escuelas, fuentes, puentes o caminos, siempre que tengan
esa relación antes aludida”.
Además, el Decreto 65/2010 por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales, establece especial protección para elementos arquitectónicos “con
valores naturales y culturales que deben ser conservados, ya sean edificios,
grupos de edificios, elementos naturales, caminos históricos o mosaicos de
cercas, así como aquellos otros de interés tales como puentes, azudes,
molinos, balnearios, ermitas, cruceros, capillas de ánimas, campas de feria y
romería, ventas, fuentes, humilladeros, abrevaderos, alberguerías u otros de
similares características y los yacimientos o zonas arqueológicas”.
Los lavaderos han sido epicentro de una labor fundamental y de mucho más en
la vida social tradicional de Cantabria. Incluso, era uno de los espacio donde
las parejas acostumbraban a “roldarse”, con una serie de ritos de entrega y
lavado del “pañuelu” que han trascendido en otras muestras de la cultura
popular cántabra, como las tonadas montañesas.
Unos días despues, se recibía contestación formal del Ayuntamiento de
Campoo de Yuso, que dice comulgar plenamente con los postulados de
Cantabria No Se Vende, “realizando cuantas actuaciones puede acometer en
defensa del patrimonio, entendido este en sentido amplio”, si bien “con un
presupuesto cada vez más limitado”. En ese sentido, cita la recuperación del
molino de Orzales “a punto de ser derribado por la Confederación Hidrográfica
del Ebro”, o la recuperación de un antiguo inmueble de Corconte que se
reconvertirá en el Centro Tecnológico de la Miel.
Respecto a la obra que denunciaba CNSV, señalan haberse puesto en
contacto con el Presidente del Concejo Abierto de Orzales, que reconoció que
“en alguna conversación […] planteó la necesidad de acometer alguna
actuación sobre el lavadero”, si bien después de trasladarle la preocupación de
la asociación, así como de la sociedad de Cantabria que se hizo eco de la
cuestión, llegaron a un acuerdo presupuestado de colaboración para la
restauración de estos elementos etnográficos.
Con esta respuesta parece haberse resuelto de la mejor forma la cuestión, no
sólo evitando la destrucción del lavadero como nos consta que estaba previsto,
también con un compromiso de restauración, que esperemos que se lleve a
cabo con los materiales y tipología propios de la zona. Aún así, desde CNSV se
ha señalado que “continuarán vigilantes” para que esto se respete de la mejor
manera.
Ahora, el movimiento trabaja en tejer una Red Cántabra de Defensores del
Común, que facilite la detección de casos como este por todo el territorio, así
como la movilización social para proteger nuestro patrimonio cultural y natural
de la destrucción.
