La macroampliación norte del Puerto de Valencia llega a los tribunales al admitir a
trámite la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional el recurso
contencioso administrativo contra la Resolución, de 30 de marzo pasado, de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (BOE de 12/04/21) que posibilitaba que
la Autoridad Portuaria pueda decidir por sí sola acerca de si es necesaria o no una
nueva evaluación ambiental para la ampliación que la misma APV promueve.
La Plataforma Ciutat-Port recurrió inicialmente en vía administrativa ante el propio
Ministerio sin obtener respuesta, por lo que decidieron acudir a los tribunales frente a
una Resolución que califican de “nula de pleno derecho” y dictada en fraude de ley.
La Comissió Ciutat-Port califica de nula de pleno derecho esta Resolución
ministerial por haberse dictado contraviniendo lo dispuesto en la legislación básica en
materia de revisión de actos administrativos, establecida en la Ley de Procedimiento
Administrativo Común, y suponer un fraude de la legislación ambiental.
“Pretender operar un cambio de titularidad de competencias en materia de
evaluación ambiental con efectos retroactivos y con absoluto desprecio de las normas que
permiten a la administración volver sobre sus propios actos, solo puede ser calificarse como
una decisión nula de pleno derecho”, afirman portavoces de la plataforma que integra a
diversos colectivos ciudadanos.
Tanto el recurso en vía administrativa como en el proceso judicial que ahora se
inicia estos colectivos llaman la atención sobre el hecho de que se pretenda,14 años después
de su publicación, modificar la DIA de 2007 para dar cobertura a la pretensión de la entidad
pública estatal Puertos del Estado y del propio MITECO de eludir sus responsabilidades de
dirección, coordinación y control sobre la macroampliación del puerto de Valencia que
impulsa la APV que pretende adjudicar la explotación de las nuevas instalaciones a favor
de una empresa privada que sería la principal beneficiaria de unas obras que comprometen
el futuro del litoral sur valenciano y amenazan la supervivencia de la misma Albufera según
han denunciado repetidamente numeroso expertos y académicos.
La Comissió Ciutat-Port recuerda que las obras que pretende llevar a cabo la APV,
y de las que Puertos del Estado y el MITECO pretenden desentenderse, vulneran las
autorizadas en la DIA de 2007. No solo por el volumen de materiales de relleno que se
proyecta emplear que supera en casi cuatro millones de metros cúbicos los contemplados en
la solución autorizada en 2007 (de 19,05 millones de m3 a 23,3 m3), sino también por la
demolición de un contradique y muelle de cruceros (terminados en 2012, dentro de la que
fue aquella 1ª fase), incremento del consumo de recursos naturales y el incremento de
dragados (de -18 a -18,5) y en zonas exteriores a la dársena actual con el consiguiente
efecto negativo sobre las playas del sur ya detectados durante estos años.
Pero, además, denuncian que la APV ya está actuando de hecho al margen de la
autorización contemplada en la DIA de 2007 al anticipar actuaciones con repercusión
directa más allá del área de afección inicial y que no aparecían en el Estudio de Impacto
Ambiental que sirvió de base a la DIA de 2007. Citan como más llamativa la “demolición
de los muelles de cruceros” que ha dado lugar a la convocatoria de otro concurso público
para el otorgamiento de una nueva “concesión para la construcción y explotación de una
terminal pública de pasajeros en el puerto de Valencia” en un nuevo emplazamiento, fuera
del ámbito incluido en la DIA originaria, sin que se haya procedido a una nueva evaluación
ambiental.
Esta actuación ha comportado además el dudoso rescate de antiguas, y
potencialmente caducadas, concesiones a una mercantil que hacía años que nos las operaba,
con el pacto de un pago en especie consistente en un nueva concesión sobre otros terrenos
portuarios y la posibilidad de construir un edificio de oficinas de trece alturas. Una
operación que la propia APV ha tenido que revocar por recomendación de la Abogacía del
Estado y la la denuncia de la Comissió Ciutat-Port ante la Sala de Enjuiciamiento del
Tribunal de Cuentas que mantiene abierta una investigación al respecto.
En conjunto, concluyen, “Puertos del Estado no puede hacer dejación de sus
responsabilidades como entidad pública a la que corresponde la dirección superior y
coordinación general de actuaciones en materia de puertos de interés general del Estado,
dejando en manos de la misma APV que promueve la macroampliación la decisión sobre si
procede o no la evaluación ambiental de su propio proyecto. Estamos frente a un auténtico
fraude de ley”.
La Comissió expresa su confianza en sus argumentos jurídicos que permitirán a la
Audiencia Nacional examinar la conformidad o no a derecho de la resolución ministerial,
así como en la designación de Doña Lourdes Sanz Calvo como Magistrada ponente para el
examen del recurso, dada su trayectoria y experiencia en el examen de asuntos
medioambientales.
Conforme a lo decretado por la Audiencia Nacional, el MITECO dispondrá ahora
de un plazo de veinte días para remitir el expediente administrativo que dio lugar a la
aprobación la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
publicada al objeto de ponérselo de manifiesto a la asociación Per l’Horta que suscribe el
recurso en nombre de la Comissió Ciutat-Port con el fin de que puedan formalizar su
demanda.
Portavoces de la Comissió han avanzado que, abierto ya el proceso judicial,
estudiarán la posibilidad de solicitar de la Audiencia Nacional que suspenda la eficacia de
la resolución ministerial recurrida hasta tanto recaiga sentencia definitiva.
Dentro de las actividades de la Comissió Ciutat-Port de oposición social y jurídica a
la macroampliación norte proyectada por la APV, han convocado un Consejo Ciudadano,
abierto a toda la ciudadanía el viernes 17, en la explanada del edificio del reloj a las 10
horas, en paralelo a la convocatoria del Consejo de Administración previsto para ese día
por la APV.
