El 24 de mayo, un joven de 18 años atacó a tiros una escuela en el
pueblo de Uvalde, en Texas, asesinando a 19 niños y 2 maestros,
antes de ser abatido por la policía. Previamente le había disparado a
su abuela hospitalizada. Diez días antes, otro joven de 18 años, un
fascista, perpetró una masacre en un supermercado de la ciudad de
Buffalo, en el estado de Nueva York, asesinando a diez personas e
hiriendo a tres.
Estos crímenes y la total incapacidad del régimen estadounidense
para tomar alguna medida para prevenir nuevas masacres, o para
erradicar sus causas más estructurales, son síntomas de una
profunda degradación política y social.
Más allá de evidenciar el enorme poder de la industria de las armas
en EEUU, o el carácter ultrarreaccionario de la derecha republicana,
estos crímenes y la respuesta gubernamental ante ellos, sirven para
subrayar la dinámica cada vez más caótica de la política
estadounidense, evidenciando que siguen dadas las condiciones para
nuevas crisis como la del 6 de enero de 2021, cuando hordas de
ultraderecha atacaron el Capitolio atendiendo al llamado de Trump a
desconocer las elecciones.
El culto reaccionario a las armas
Con una tasa de homicidios anual de 5,4 por cada 100 mil
habitantes en 2019, EEUU está muy por debajo de los países con
peores índices, El Salvador (48,7) y Venezuela (39). Sin embargo,
esta tasa es muchísimo mayor a la de otros países industrializados
como Canadá (1,5), Australia (1,3), Reino Unido (0,5) y Alemania
(0,7). El contraste es aún mayor cuando se trata de tiroteos masivos,
prácticamente inexistentes en los demás países industrializados. Pese
a la escasa recurrencia de este tipo de crímenes, en Reino Unido,
Australia, Canadá y Nueva Zelanda, se adoptaron leyes restringiendo
el acceso a armas de alto calibre, luego de masacres
perpetradas entre 1996 y 2020. En cambio en EEUU se
contabilizaron más de 2.600 tiroteos masivos (aquellos con cuatro o
más heridos sin contar al atacante) entre 2013 y 2020, y continúan
aumentando, duplicándose la tasa anual de tiroteos masivos entre
2017 y 2021.
Como es ya habitual, el presidente Biden llamó a imponer
limitaciones a la comercialización de armas de alto calibre en su
alocución luego de la masacre de Uvalde, un pueblo de mayoría pobre
e inmigrante. Sin embargo, el parlamento bicameral estadounidense
es extremadamente antidemocrático y prácticamente impermeable
al apoyo popular mayoritario a estas medidas. La derecha republicana
se beneficia de la sobrerrepresentación de la población rural más
conservadora, sobre todo en el Senado y en el colegio electoral que
elige al presidente. Aprovecha ese sólido piso parlamentario para
promover políticas muy reaccionarias, como el gerrymandering o las
restricciones del derecho al voto que castigan principalmente a la
población negra, indígena y de origen inmigrante, que a su vez
solidifican la representación de la derecha.
Otro actor destacado es la Asociación Nacional del Rifle (NRA), una
organización ultrarreaccionaria, abiertamente racista, que cabildea a
favor del comercio irrestricto de armas de alta potencia y tiene su
expresión política en el partido Republicano.
Todo esto implica que un sector minoritario de blancos racistas y
fundamentalistas religiosos, de extracción rural, puede imponer, en
virtud de los vicios antidemocráticos del régimen político,
legislaciones derivadas de su culto fanático a las armas. Esta
perspectiva extremista ha sido recogida en la legislación y la
jurisprudencia, a tal punto que la Corte Suprema bajo control
conservador falló en 2008 y 2010 estableciendo que la segunda
enmienda blinda el derecho individual prácticamente irrestricto a la
posesión de armas.
Es una peculiar interpretación, impregnada además del alienado
individualismo característico de los EEUU, de un texto constitucional
del siglo XVIII que no se refiere a un derecho individual al
armamento sino colectivo, derivado de la necesidad de organizar
milicias para defender al Estado recién formado en un momento en el
que carecía de fuerzas armadas regulares.
Como puede verse, al apego legalista extremo y el fetichismo
constitucional estadounidense se ha superpuesto una interpretación
reaccionaria bastante extrema, con peculiares consecuencias. En
la mayoría de los estados es legal comprar un arma larga o de guerra
a una edad más temprana que la edad mínima para consumir alcohol.
De hecho no hay un límite de edad federal para la propiedad de un
arma larga y en la mayoría de los estados tampoco hay una
legislación que lo limite, lo que hace que sea legal que infantes
obtengan y utilicen rifles u otro tipo de arma larga, por ejemplo si sus
padres se las obsequian.
Nada de esto podría llevar a la equivocada conclusión de que el
derecho a armarse es igual para todas las personas. La cuestión clave
de quién tiene derecho a poseer y a usar las armas en EEUU no es un
asunto meramente legal, sino uno que se ha resuelto históricamente.
El régimen del imperialismo estadounidense no tolera la autodefensa
obrera y popular. En la década de 1860 se promulgaron leyes de
regulación de la tenencia de las armas en el sur racista
específicamente para desarmar a la población negra recién
emancipada de la esclavitud. Más recientemente, siendo Reagan
gobernador de California en 1967, la derecha republicana aprobó, con
apoyo de la NRA, una ley estadal para ilegalizar el porte de armas
cargadas en espacios públicos, específicamente para criminalizar a las
Panteras Negras, que propugnaban la autodefensa comunitaria ante
la brutalidad policial racista. Algunos de los actuales presos políticos
más antiguos de EEUU son precisamente personas negras e indígenas
como Mumia Abu Jamal o Leonard Peltier, cuyas organizaciones
fueron perseguidas y diezmadas por el terrorismo de Estado, sin que
jamás los gobiernos los consideraran sujetos con derecho a
defenderse por medio de las armas.
El auge del terrorismo supremacista blanco “made in USA”
La masacre perpetrada por el racista Payton Gendron forma parte del
auge del terrorismo racista y de ultraderecha estadounidense.
Gendron dejó un documento en internet con materiales copiados y
pegados de otras declaraciones y manifiestos neofascistas. Allí
plasmó teorías conspirativas y desvaríos ideológicos comunes a
sectores de ultraderecha también de Europa y gran parte del mundo,
incluyendo Latinoamérica. La principal preocupación del criminal es
un supuesto desplazamiento de la población blanca por la inmigración
no-blanca, un supuesto proceso de reemplazo étnico y cultural,
además impulsado por una imaginaria conspiración judeo-marxista.
El Director Nacional de Inteligencia admitió en marzo de 2021 que la
violencia extremista “racialmente motivada”, un eufemismo para
referirse al supremacismo blanco, representa la amenaza más letal
del terrorismo doméstico. Los supremacistas blancos además
construyen redes internacionales, muchas de sus organizaciones en
Europa cuentan con apoyos estatales como el del imperialismo ruso.
La turba de ultraderecha que atacó el Capitolio el 6 de enero de
2021, apoyando a Donald Trump y desconociendo las elecciones
presidenciales de 2020, mostró el potencial desestabilizador de estos
grupos pese a su relativa marginalidad, dados sus vínculos con el
partido Republicano y la complicidad de los cuerpos represivos ante
sus acciones.
La contradicción más notable está en el hecho de que el gobierno
estadounidense constata que el terrorismo de ultraderecha es la
mayor amenaza interna en el país, cobrando muchas más víctimas
que el terrorismo inspirado en el fundamentalismo islámico, pero sus
acciones van por un rumbo totalmente diferente. Entre 2001 y 2021
los ataques terroristas de la ultraderecha racista cobraron 114
víctimas en EEUU. Antes de ello, en 1995 el ultraderechista McVeigh
voló un edificio gubernamental en Oklahoma matando a 168 personas
e hiriendo a 680. Sin embargo el sesgo racista de los cuerpos de
seguridad, gran parte de cuyos miembros simpatiza con muchas de
las ideas de la ultraderecha, y el propio carácter burgués,
reaccionario y racista del régimen, donde sectores fascistizantes del
partido Republicano dan expresión política e institucional a las ideas y
los valores de esos grupos, constituyen condiciones que impiden que
se ponga freno a la ultraderecha desde el Estado. La mayor parte de
los recursos represivos y de inteligencia en materia antiterrorista se
destinan a perseguir a ciertas expresiones de fundamentalismo
islámico.
Crisis y polarización
El régimen de la mayor potencia capitalista mundial presenta una
serie de características que imposibilitan cualquier tipo de reforma
democrática. El blindaje de un Senado reaccionario y antidemocrático
bloquea cualquier posibilidad de eliminar el colegio electoral o aplicar
el elemental criterio de que los votos de todas las personas tengan el
mismo valor y efecto. Ese blindaje institucional antidemocrático es un
garante del avance del poder de la industria armamentística
representada por la NRA y de la impunidad de la ultraderecha racista
y con expresiones terroristas, al tiempo que impide que se tome
ninguna medida racional para prevenir nuevas masacres escolares o
atentados terroristas, ni restringiendo el acceso a armas de alto
poder ni mucho menos eliminando las causas de la decadencia social
y la desesperación que es el caldo de cultivo para el fundamentalismo
religioso cristiano y las ideologías neofascistas.
Al mismo tiempo, la movilización masiva de 2020 contra la violencia
policial racista, el mayor movimiento social en la historia
estadounidense, y el giro de un sector de la juventud hacia la
izquierda, indican que la polarización política y social se intensifica.
Para atenuarla es posible que Biden y los demócratas intenten
impulsar alguna tímida reforma referida a la tenencia legal de ciertos
tipos de armas, pactada con algún sector de los republicanos. Algo
cosmético y sin ninguna incidencia de fondo.
Para los socialistas es una obligación señalar la ilegitimidad de un
régimen incapaz de dar respuesta a problemas tan elementales como
las masacres en colegios y lugares públicos y el terrorismo de
ultraderecha, y como esta incapacidad está relacionada con rasgos
estructurales del régimen, como su carácter profundamente
antidemocrático y racista. De allí que el régimen no ceda a las
exigencias populares, que refleja una opinión claramente mayoritaria,
de mayores restricciones al comercio de armas dentro de los EEUU.
La denuncia contra el enorme poder de la NRA en el Congreso y el
Senado, contra la impunidad de la ultraderecha, incluyendo el hecho
de que Trump no haya sido enjuiciado y encarcelado por encabezar
una conspiración criminal el 6 de enero de 2021, cobran así una
urgente actualidad.
Hasta las más elementales reivindicaciones democráticas son, en el
contexto de EEUU, un cuestionamiento al conjunto del sistema y del
régimen. Convertir esas exigencias en una poderosa movilización
social y articular una organización política de la clase trabajadora en
torno a ellas resume el desafío para la construcción de una
alternativa política en EEUU.
6 de Junio de 2022
Simón Rodríguez Porras
Miembro de la dirección del Partido Socialismo y Libertad (PSL),
sección de la UIT-CI de Venezuela
Lo que nos dicen los tiroteos masivos en EEUU – Uit-Ci
