Los afectados no aprecian “interés en la judicatura por depurar
responsabilidades”, pero afirman que “llegarán hasta donde haga
falta” con el objetivo de lograr “el fin de la impunidad”, “la mejor
garantía” para que un proceso como el que sufrieron “no vuelva a
repetirse”
Tras haber demostrado su inocencia ante un “montaje político y policial” que llegó a
imputarles penas de hasta 12 años de cárcel (42 en total), la asamblea de ‘Preguntar
No Es Delito’ regresó a los juzgados para denunciar a los impulsores del proceso
judicial en el que se vieron envueltos, con el fin de “terminar con la impunidad” para
que montajes como el que sufrieron “no vuelvan a repetirse”.
Sin embargo, hace ya unos meses, los miembros de la Asamblea recibieron un auto
judicial en el que se sobreseía provisionalmente y se archivaba su denuncia. Ante la
“parcialidad” del auto, decidieron recurrir, pero esta misma semana volvieron a obtener
una negativa por respuesta en un nuevo auto, si cabe, “aún más parcial y surrealista”
que el anterior.
Desde Preguntar No Es Delito afirman que el auto recibido está “repleto de juicios de
valor políticos y personales al margen del derecho” y que “todo su contenido está
marcado por una gran parcialidad” del juez. Para respaldar estas afirmaciones indican
que el magistrado pone en duda sus “verdaderas intenciones” a la hora de denunciar
lo ocurrido basándose, simplemente, en su “sorpresa” porque las denuncias de todas
las personas afectadas fueran “idénticas”.
Ante esa impropia declaración del juez, desde ‘Preguntar No Es Delito’ afirman que
realizaron una denuncia conjunta debido “al poco tiempo dado para realizar el recurso,
a la falta de recursos económicos de los miembros de la Asamblea y a los motivos tan
parecidos por los que cada persona denuncia las mentiras vertidas en el proceso
judicial del que salieron absueltos”. “Los recursos económicos y temporales de las
personas no deberían suponer un motivo de discriminación en la búsqueda de la
justicia”, apuntan. Además, señalan con rotundidad que “sus únicas intenciones son
acabar con la impunidad e impedir que un montaje como el que sufrieron se vuelva a
repetir”.
Así mismo, la Asamblea indica que en ambos autos judiciales se expone la “falta de
pruebas” como único argumento para archivarlas, sin apuntar ni mucho menos
desarrollar más razones. Ante eso, dicen haber presentado “indicios más que
suficientes y contundentes para demostrar el falso testimonio de los agentes de la
autoridad, así como la falsedad documental en la cuestión de los presuntos daños a
los vehículos oficiales”.
Sobre este último asunto, afirman que “parece que el juez no quisiera estudiar los
argumentos y los indicios que presentamos para demostrar la falsedad de las facturas
que nos incriminaban daños a los coches oficiales”. “Es más”, prosiguen, “da la
impresión de que el hecho de que las facturas tuvieran una fecha diferente a la del día
de los hechos o que alguna de ellas ni siquiera aparezca en el auto, no merecen ni
siquiera la consideración por parte del juez”. Por ello, indican que “quizás sea su
verdadera intención sobre la que nosotros y nosotras, así como la sociedad en su
conjunto, deberíamos dudar”.
Para la Asamblea, la parcialidad del auto indica “la nula voluntad” del juez en
“esclarecer los hechos ocurridos”. “Pareciera que no tuviera ni la más mínima intención
de investigar los posibles delitos que los agentes de la autoridad cometieron cuando, si
alguien debería tener obligación de cumplir con la legalidad vigente es un funcionario
público miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y si alguien
debería tener la más ferrea voluntad por buscar la verdad es un juez”.
Y para finalizar añaden que este tipo de autos judiciales suponen “un peligroso
precedente”, ya que se puede “aumentar la sensación de impunidad para construir
montajes” como el que ellos sufrieron. “Tan solo el fin de la impunidad puede
garantizar la no repetición de hechos similares”, sentencian, y terminan afirmando que
“llegarán hasta donde haga falta” para “lograr justicia” en su caso y que este “sirva
como ejemplo de malas prácticas que no pueden volver a tener lugar”.
