El pasado 20 de junio en prensa se publicó una noticia con el siguiente titular: “Pilar de la
Horadada sanciona a la empresa de recogida de basura con 87.900 euros por incumplimiento
del contrato”.
En el desarrollo de la noticia se especificaba que la empresa en cuestión (STV Gestión) disponía
de un plazo de 15 días para presentar alegaciones al expediente abierto de “imposición de
penalidades”.
Las deficiencias detectadas en la ejecución del contrato han motivado que los técnicos
municipales propongan la imposición de 12 sanciones graves y una leve. Entre las deficiencias
detectadas, el periódico destacaba las siguientes: 10 vehículos ya están amortizados con el
canon de la contrata y deberían estar a nombre del ayuntamiento; el mantenimiento de la
maquinaria es insuficiente y se han encontrado deficiencias en 26 vehículos (camiones
recolectores, barredoras y fregadoras, principalmente). También se han encontrado
deficiencias en el personal adscrito al servicio y en el pago de las cotizaciones a la seguridad
social del total de los trabajadores, además de no contratar personal para cubrir las bajas de
larga duración ni respetar las categorías profesionales (peones que deberías estar contratados
como conductores).
En la noticia no se hacía referencia a las deficiencias que directamente percibe la ciudadanía y
desde el Grupo político Vecinos por el Pilar. Nos referimos, como ejemplo, a la recogida de
restos vegetales y enseres en Pinar de Campoverde. El incumplimiento de las normas
establecidas al respecto y que se anuncian por toda la urbanización en cartelería ubicada en
contenedores y farolas tanto en castellano como en inglés, es flagrante: ni se recogen todos
los miércoles en las puertas de las viviendas los restos de poda de volumen inferior a 1 metro
cúbico que se depositen en bolsas cerradas, ni los martes se recogen los muebles y enseres
depositados junto a los contenedores de residuos, ni tenemos noticias de que el
incumplimiento de estas normas haya concluido en algún tipo de sanción a los responsables.
A nuestro modo de ver y a modo de conclusión: una sanción de semejante cuantía (87.900
euros) por 12 sanciones graves y una leve, aunque finalmente llegara a ser firme, no llegaría ni
al 2% del canon anual que la empresa está percibiendo por el servicio que debería prestar (casi
5 millones de euros) y tendría escaso poder disuasorio. Habría que plantearse con seriedad
qué hacer cuando en 2026 finalice en contrato del servicio, existen muchas posibilidades, pero
seguro que el Partido Popular no contempla la más lógica -la recuperación de servicio y que
este sea prestado de forma directa por el Ayuntamiento- pero claro, eso significaría que el PP
debería trabajar y no hacer el favor a algún «amigo».
Este tipo de servicio, el Partido Popular siempre lo ha visto como un negocio no como un
servicio que se presta desde el Ayuntamiento.
