En estas declaraciones, como en algunas contenidas en los programas electorales del PP y de VOX, se habla de la derogación de la reciente Ley de vivienda rechazando la consideración de zonas tensionadas y, por tanto el control de alquileres; también de la creación de una oficina anti ocupación, dando a entender una vez más que el problema de la ocupación es el problema
de la vivienda y finalmente que se podría dar de baja en el padrón a todas las personas que están ocupando irregularmente una vivienda o a quienes dejan de pagar un alquiler y sigan viviendo en la casa.
En la reunión, que ha sido cordial, hemos rechazado estas declaraciones por falsas, inductoras a error e incluso que rayan la ilegalidad. Le hemos planteado la necesidad ineludible de que en la ciudad se planteen zonas tensionadas teniendo en cuenta que el precio de los alquileres ha subido en último año más de un 19% en Valencia y que tenemos una subida de más del 4% del euribor para las hipotecas variable. Es de dominio público que no se puede encontrar una vivienda en Valencia y alrededores con una renta inferior a 650€, y esta es una situación límite con la que no se puede jugar. Por otra parte, en relación al tema del padrón hemos planteado una serie de observaciones: que el Ayuntamiento no tiene competencias para dar de baja en el padrón más que en aquellos casos tasados por la ley según el artículo 72 del Real Decreto 1990/19 86; que el padrón es una obligación para toda la persona que reside habitualmente en un lugar y que las facultades atribuidas a los ayuntamientos en el artículo 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales tienen como única finalidad comprobar la veracidad de los datos consignados, con la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite un título que legitime la ocupación de la vivienda. Sin embargo éste no atribuye a las Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada; en ese sentido en el Consejo de Empadronamiento de ámbito estatal, cita entre los títulos jurídicos aparte del contrato de compraventa y del contrato de arrendamiento, el contrato de suministro de servicio de vivienda agua gas electricidad o teléfono, pero incluso, como es el caso de la ocupación, donde efectivamente no exista ningún título de propiedad el gestor municipal puede comprobar bien a través de informes de la policía local o inspección del propio servicio o en última instancia, en el caso de sinhogarismo puede y debe hacerse la inscripción a través del contacto con los servicios sociales competentes en el ámbito geográfico dónde esta persona resida. Por otra parte en relación al tema de la oficina antiocupación debe clarificarse porque hay un relato falso sobre la misma, poniendo en el mismo saco la ocupación mafiosa y de la necesidad de vivienda enorme en esta sociedad. No se debe ni se puede criminalizar la ocupación que se produce ante el brutal desequilibrio entre una oferta ridícula -por la ineficacia absoluta del mercado y por no crear un parque público permanente durante décadas- y una enorme demanda de vivienda social y asequible por la emergencia habitacional (desahucios, impagos de alquiler e hipoteca, acumulación solicitudes insatisfechas en el Registro de Demandantes de vivienda..) y necesidades de emancipación de la juventud, nuevos hogares y atención a colectivos desfavorecidos (mayores, migrantes, violencia de género, jóvenes tutelados..). Así, y sobre la base de que la PAH nunca apoya ni la ocupación mafiosa, ni tampoco la de vivienda de particulares bajo ningún concepto, la ocupación de viviendas de Grandes Tenedores ha sido una necesidad para las familias si no querían dejar a los niños en la calle… De hecho, se reconoce por la misma alcaldesa cuando habla de un tipo de “ocupación que responde a una necesidad social”. Por todo ello, hemos insistido en la atención a la ciudadanía ante los múltiples problemas de vivienda y en el papel fundamental de la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento
La PAH vuelve a insistir que el problema de la vivienda no es un tema de estrategias de partidos sino un problema de todos, de derechos humanos y constitucionales, donde nadie puede eludir su responsabilidad ; por eso planteamos la necesidad de construir un proyecto que permita garantizar el derecho a la vivienda. Y para ello, lo primero debe ser utilizar aquellos elementos que son válidos, como son: la necesidad no solo de no derogar la ley de vivienda, sino de mejorarla porque, reconociendo aspectos positivo, deben incorporarse otros (la obligación del alquiler social y asequible de los grandes tenedores de vivienda, la obligación de realojo por parte de las Administraciones cuando se insta desahucio por particulares pequeños tenedores y la creación de parque público, que en Valencia es solo del 0,42 y del 0,75 en la Comunidad con las viviendas de la SAREB, las vacías de la banca rescatada, la cesión de las de fondos y estableciendo nuevos programas de solidaridad con la ciudadanía). En este sentido, es fundamental continuar el desarrollo de la ley 2/ 2017 por la función social de la vivienda en la Comunidad Valenciana y todos aquellos reales decretos positivos y necesarios, como el de ampliación de la vivienda pública a través de los derechos de tanteo y retracto, el de la movilización de viviendas vacías y deshabitadas de los Granes Tenedores (en total, 3,8 millones según el INE) y, por supuesto, el 3/2023 que desarrolla medidas que son un hito como la Unidad de Ayuda ante el Desahucio y las que combaten los abusos en el ámbito inmobiliario.
Ante todo ello, el concejal de Urbanismo ha comunicado que ha firmado el mantenimiento por dos años de la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento, que se construirá 1000 viviendas y se ha comprometido a estudiar la propuesta de poner en marcha un programa de alquiler donde el ayuntamiento fuera el titular del contrato ante los fondos y que las familias pudieran subrogarse al mismo.
En todo caso, cualquier avance debe insertarse en un estudio serio del enorme desequilibrio de necesidades y disponibilidades de vivienda a corto y medio plazo -que ha quedado pendiente- que sitúe realmente el problema y se den soluciones que lo resuelvan. Para la PAH aunque las promesas de construcción de vivienda nos parezcan muy bien, la verdad es que estarán disponibles dentro de cuatro años…; mientras, la sociedad necesita un Plan de Choque para poder enfrentar el tema de la emergencia habitacional tanto a corto plazo como a medio plazo no sólo para los alquileres de personas vulnerables sino también asequibles puesto que no hay forma de encontrar vivienda donde vivir y formar un hogar.
Valencia, 19 de julio de 2023
PAH Valencia.
