La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó en su día a ocho jóvenes de Altsasu a penas que oscilaban entre los 2 y los 13 años por «un delito de odio y lesiones» tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores” y que en su día fue calificado por el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Navarra como “delitos de odio”, lo que en opinión de Gabriel Rufián sería un » claro caso de lawfare judicial pues si esos chavales hubieran sido de Cádiz, no habrían entrado en la cárcel».
En el llamado «caso Altsasu» concurrieron casi todos los elementos típicos del lawfare judicial, como la inadmisión de la prueba del vídeo de la noche de autos en el que aparecía el supuesto guardia civil ensangrentado con la camisa blanca impoluta, la falta de imparcialidad del Jurado y la indefensión de los acusados, al no disponer los abogados defensores de los detalles de la acusación y con el agravante de pasar dichos jóvenes 18 meses en prisión preventiva antes de la celebración del juicio.
Tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, el atestado policial del «caso Barbate» atribuía su autoría a seis personas que están en prisión, entre ellos Kiko ‘El Cabra». Al igual que en el caso Altsasu, el informe policial habría sido redactado por la Guardia Civil y comunicado simultáneamente a todos los medios de comunicación del status quo del Estado español. Así, amparados por la espiral del silencio de los medios de comunicación de masas mediante una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo, se conseguiría fijar en el subconsciente colectivo la idea de que » los contrabandistas de Kiko el Cabra eran los autores del asesinato».
Como en el caso Altsasu, en el caso Barbate concurrirían elementos típicos del lawfare judicial, como la inadmisión por la jueza de la prueba del vídeo de la noche de autos grabada desde la lancha de Kiko el Cabra, lo que evidenciaba diáfanamente la imposibilidad física de ser los autores materiales del asesinato de dichos guardias civile así como que la jueza obvió el principio «in dubio pro reo».
En un ejercicio inédito de pericia policial e independencia jerárquica, un exhaustivo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vendría a desmontar la tesis del inicial informe policial tras descartar la autoría de los seis detenidos que están en prisión, entre ellos Kiko ‘El Cabra’, y ha pedido la colaboración de Marruecos para poner a disposición judicial a los responsables de estos hechos delictivos.
Sin embargo, como en el caso Altsasu en el que los 7 jóvenes implicados pasaron 18 meses en prisión preventiva antes de la celebración del juicio, el exceso judicial podría repetirse en el caso Barbate, pues la Fiscalía Antidrogas ha pedido que continúen en prisión preventiva a la espera de ser juzgados por presunta pertenencia a organización criminal así como por contrabando de drogas.
Así, recientes sentencias judiciales aseveran que «lo que en ningún caso puede perseguirse con la prisión provisional son fines punitivos o de anticipación de la pena» y concluye con la aplicación del principio «favor libertatis» (a favor de la libertad) que «impele a la elección y aplicación de la norma menos restrictiva de la libertad».
De lo anterior se deduce que estaríamos asistiendo a un nuevo caso Altsasu en la localidad de Barbate, en la que debido a la desidia e inacción de la Junta de Andalucía y del Gobierno central, cerca del 30 % de su poblacion habrían pasado a engrosar las listas del paro y dada su asfixia económica, habrían optado por dedicarse al contrabando de drogas, con lo que Barbate sería el epicentro del nuevo «territorio comanche» del Estado español.
Germán Gorraiz López- Analista
