El año 2016, el 30,5% de la población residente en la Comunidad Valenciana estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Por encima de la media nacional y la sexta mayor tasa AROP (tasa de riesgo de pobreza y exclusión social). A pesar de que la cifra se ha reducido 2,4 puntos estos dos últimos años de gobierno del botánico, la tasa está tres puntos porcentuales por encima de la registrada el último año anterior a la crisis.

Traducir la frialdad de los números a un lenguaje cercano significa poner atención a tu alrededor. De seguro que has conocido a muchas familias que en estos diez años de crisis/estafa, han pasado por el drama del paro, los desahucios, las daciones en pago, o la incertidumbre de verse sin alternativa habitacional. Es posible que hayas visto de muy cerca a familias ahogadas por las deudas y angustiadas por los acreedores. O sabes de algunas que no llegan a final de mes, con problemas para calentar su hogar o para no tener la nevera vacía y que han sufrido recortes de luz y agua. Estoy convencido que habías sentido hablar de las listas de espera para acceder a un alquiler social. Que te has dado cuenta que muchas familias, para subsistir, se tienen que apoyar en las pensiones de los abuelos, en otros familiares o amigos, para evitar la vergüenza de recurrir a los Servicios Sociales. Tú seguro también has sufrido la precariedad y la incertidumbre.

Muchas de estas familias han pasado de la frustración, la depresión, el sentido de la culpabilidad, que te invade cuando tu proyecto de vida se ve truncado, y que tú te puedes hacer una idea, a renacer con el convencimiento del hecho que tus problemas sólo tienen solución luchando juntos para cambiar la situación.

Toda esta gente, organizada alrededor de las PAH y de la Obra social, con la fuerza de la movilización y la presión social, fue la que exigió, a los partidos políticos, una legislación que garantizara los derechos habitacionales y acabara con la pobreza energética, que verdaderamente resolviera los problemas de la gente. Se podría decir que ellos fueron los verdaderos artífices de la ley valenciana de función social de vivienda y de la ley valenciana contra la pobreza energética que tenía como objetivo paliar el sufrimiento de mucha gente. Dos leyes que nacieron del pueblo y que ahora son bloqueadas por el Partido Popular interponiendo un recurso de inconstitucionalidad.

Estaràs conmigo que es una vergüenza que estas familias, que tú conoces, tengan que sentir que su felicidad es inconstitucional. El PP está negando, a miles de personas, mejorar su calidad de vida, tan sólo, porque están sirviendo a los intereses de la banca y las entidades financieras, estas que con su avaricia desencadenaron este drama/estafa.

Tenemos que tener memoria, quien vuelve con judicializar el rescate social, a negar derechos universales, es el PP moviéndose por intereses concretos. Una posición egoísta a la cual haría falta una respuesta que tendría que ir más allá de la indignación.

Sergi Cremades Fernández Secretario General de Podemos Petrer

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