• El Proyecto Castor costará a los españoles y españolas cerca de 100 millones de euros que repercutirán en sus facturas en 2018

  • El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea solicitó la comparecencia del Ministro de Energía, Álvaro Nadal, y una Comisión de Investigación para investigar las irregularidades que rodean la concesión, desarrollo e indemnizaciones del almacén de gas.

«El ministro Nadal no no ha asumido ninguna responsabilidad, se ha limitado a tirar balones fuera y no ha contestado a ninguna de nuestras preguntas sobre el almacén de gas Castor,» ha resumido Àngela Ballester, diputada del  Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea, «tan sólo ha hablado para decir que la culpa es del PSOE, algo que aceptamos parcialmente, porque aunque los socialistas están en el origen del proyecto, su desarrollo e indemnización tras el cierre por los terremotos ya se producen en legislaturas populares. Si de verdad piensan que toda la responsabilidad es del PSOE estamos seguros de que votarán a favor de la Comisión de Investigación que hemos solicitado en el Congreso.»

«Este proyecto fue un fracaso anunciado, porque no se tuvieron en cuenta las advertencias de centros científicos y de la sociedad civil sobre los riesgos sísmicos,» explicó en la comparecencia Àngela Ballester, «se produjeron en poco tiempo más de 1000 seísmos, que según la empresa concesionaria no tenían ninguna relación con el almacén de gas. Pero paralizaron el proyecto ¿Y qué hizo el gobierno? ¿Pedir responsabilidades a la empresa promotora? ¿Buscar la forma de resarcir a los ciudadanos y ciudadanas y a las poblaciones afectadas? ¿Buscar cómo revertir el daño ambiental provocado? Pues no. No solo no se han pedido responsabilidades a la empresa sino que el exministro Soria decidió indemnizarla con más de 1.350 millones de euros.»

Una indemnización que Unidos Podemos ha recordado que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, algo que no ha sido impedimento para que el Gobierno siga pagando los 96 millones de euros anuales a cargo del erario público. Además, ayer mismo se supo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha suspendido el pago a las entidades financieras por los derechos de cobro derivados de la indemnización.

La diputada Ballester ha denunciado que la indemnización declarada ilegal la está pagando «la ciudadanía, los consumidores y consumidoras y las empresas a través de la factura de gas,» ha explicado, «nos toca comer en platos rotos, sufrir los terremotos y soportar un obra monstruosa dañina para el medio ambiente y el turismo y además pagar esos platos, mientras Escal UGS y el señor Florentino Pérez se van de rositas e con indemnización.»

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea solicitó en diciembre la petición de comparecencia del Ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que explicara por qué aprobó indemnizar ilegalmente a la empresa dueña del almacén de gas Castor y por qué debe pagarlo la ciudadanía, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 22 de diciembre que anula el Real Decreto por el que se aprobó esta indemnización.

Tras el cierre de Castor, el Gobierno del Partido Popular indemnizó en 2014 en el tiempo récord de 35 días, sin el debido control parlamentario y por un importe de 1.350 millones de euros, a la compañía Escal UCS, participada por ACS de Florentino Pérez.

A pesar de que el pasado 22 de diciembre de 2017 se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anulaba esta indemnización, por considerar que no se dieron razones de urgencia para aprobar esta medida ni este Real Decreto excepcional, esto no ha frenado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los cánones y peajes que el fallido almacén de gas costará a los consumidores y consumidoras durante 2018.

Castor provocó más de 1.000 seísmos

El Castor es un antiguo yacimiento de petróleo que se utilizó como almacén para depositar gas. La empresa responsable de su gestión es Escal UGS, controlada en un 66,7% por ACS, la sociedad del presidente del Real Madrid Florentino Pérez . Durante el tiempo que duró la actividad del almacén, ubicado a unos 20km de las costas de Castellón y Tarragona, provocó más de 1.000 seísmos en una zona que nunca había sido sísmica.

Al producirse estos terremotos se paralizó su funcionamiento, pero los inversores y la empresa Escal UGS no solo no pagaron por los daños ocasionados, sino que fueron indemnizados por el Gobierno del Partido Popular.

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