El 14 de diciembre la plataforma Indignats amb Renfe convoca una protesta en la Estación del Norte de Valencia, a partir de las 12:00, ante la insostenible situación en la línea C6 de Cercanías.
Denuncian que desde hace un par de años el deterioro del servicio de Cercanías y Regionales de Renfe es progresivo: se han suprimido 2.000 trenes anuales por falta de personal, material o mantenimiento insuficientes.
En los últimos años se han perdido 10 millones de usuarios por el mal servicio.
EXIGEN al Gobierno central las inversiones y el personal necesarios para disponer de un servicio puntual y sin cancelaciones de última hora. Y la dimisión o la destitución de los responsables de Cercanías y Regionales de Valencia.
Probablemente, la línea más perjudicada es la C6: es un servicio necesario para la comarca del Maestrat, de su existencia y buen funcionamiento dependen el comercio y el mantenimiento del nivel de vida de la comarca y, más en general, el buen servicio de la red de Cercanías.
Las líneas de ferrocarril no pueden dividirse entre las que supuestamente dan beneficio (sin que eso garantice un servicio en condiciones) y las que no lo dan (a abandonar). Es la política de desertificación rural que sufrimos desde hace años, con la privatización de las grandes compañías estatales (telefónicas, etc.), con el cierre de minas y el abandono de los servicios públicos en el campo.
Forma parte también de la política de desmantelamiento/privatización del transporte y de los servicios públicos que se opera en demasiadas ocasiones a través de las transferencias a las autonomías: se transfiere un servicio precario y deteriorado, pero no los fondos necesarios para recuperarlo y mantenerlo. Se asfixia financieramente a la Comunidad, el País Valenciano en este caso, para que siga con el proceso de desmantelamiento y privatización del servicio transferido. Precisamente ahora es negocia la transferencia del servicio de Cercanías y Regionales de Renfe a la Generalitat valenciana
Es inaceptable. Sin movilización, sin lucha en unidad no hay posibilidad de detener este proceso. Para los gobiernos la prioridad es el pago de la deuda pública, ocasionada por el desvío de decenas de miles de millones de dinero público a las arcas del capital financiero, para «salvar» a los bancos, para «rescatar» las autopistas. Para los gobiernos, la prioridad es el recorte del gasto público, disminuir el déficit público, como exige la Unión Europea.
Recientemente los trabajadores del Metro y de la EMT de Madrid se manifestaban por decenas de miles, con sus sindicatos, bajo la consigna «gobierne quién gobierne, los transportes públicos se defienden», recogiendo el grito popularizado por los pensionistas. Sí, es responsabilidad de las organizaciones políticas y sindicales que hablan en nombre de los trabajadores y de los pueblos organizar la lucha contra el desmantelamiento de los servicios públicos, obligar al Gobierno a romper con los planes de dislocación social que, «gobierne quien gobierne», exigen las instituciones del capital financiero, incluida la Monarquía.
Y es responsabilidad de todo militante, de todo trabajador, de todo ciudadano consciente, organizarse, movilizarse y exigírselo.

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