Uno de los problemas habituales que tiene el equipo de Gobierno del PSOE en Paterna, es su falta
de cercanía, diálogo constante y toma de decisiones conjuntas con la ciudadanía. El Gobierno local
de Paterna, debería entrar en un proceso dinámico de cambio cultural, en el que la ciudadanía deja
de ser un agente pasivo receptor de mensajes para dar paso a configurarse como un agente activo,
un ciudadano/a implicado/a en las decisiones que les afectan, que le importan y en las que puede
tomar parte de manera eficaz, fácil y constante. Y esto se puede hacer solo cumpliendo con la
Ordenanza aprobada en 2017; la carta de participación ciudadana de Paterna.

Un gobierno colaborativo compromete e implica a los ciudadanos y demás agentes sociales en el
esfuerzo por trabajar conjuntamente para resolver los (cada vez más complejos) problemas
públicos, aprovechando el potencial y energías disponibles en vastos sectores de la sociedad. Ello
supone la colaboración, la cooperación y el trabajo coordinado no solo con la ciudadanía, sino con
las empresas, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y demás actores, y permite el
esfuerzo conjunto dentro de las propias administraciones.

EL PSOE de Paterna, confunde el concepto de Gobierno Abierto con el uso de las TIC en las
administraciones públicas. La trampa del gobierno electrónico se encuentra en la reducción
simplista del uso de las TIC en las organizaciones públicas, limitando su alcance a la mera
introducción de tecnología para hacer lo mismo que se ha hecho siempre, pero de una forma más
cómoda, algo así como digitalizar la burocracia. De hecho, muchos proyectos vinculados a la
estrategia de “gobierno electrónico” fracasaron por inspirarse en la quimera de que la “herramienta
o dispositivo tecnológico” resolvería el problema de participación ciudadana.

Por otro lado, si bien las estrategias de gobierno electrónico pueden contribuir a aumentar la
transparencia de la administración local, facilitar las gestiones administrativas de la ciudadanía y
otorgarles un mayor control sobre sus expedientes, no resuelve la asignatura pendiente de la
participación ciudadana, ni garantiza el funcionamiento en red de todos los agentes involucrados en
“lo público”, aunque se vayan utilizando herramientas y tecnologías que puedan facilitar la
transición hacia modelos más avanzados.

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