Reclama una ley “verdaderamente democrática” que sirva para cerrar la herida abierta en Cantabria por la Guerra Civil y la Dictadura franquista.

La Comisión de Alcordanza, Cultura y Patrimoniu de CNSV ha trasladado a los grupos parlamentarios responsables un documento, con aportaciones al proyecto de Ley de Memoria Histórica Democrática de Cantabria que avanza trámites parlamentarios estos días, más de cinco años después de que se anunciara.

En él, lamentan que “tras todo este tiempo”, los responsables “apenas hayan modificado el anteproyecto inicial”, haciendo “oídos sordos” a quienes introdujeron esta cuestión en la agenda política y reclaman avances en un texto que queda lejos de algunos mínimos aprobados en otras CC.AA.

El actual proyecto se centra en acciones de tipo cultural y memorial, sin aportar apenas en lo fundamental: la implementación pública de la Justicia reparadora, que vienen demandando los relatores de Derechos Humanos de la ONU, para romper con la impunidad política y jurídica que se selló en el 78.

Decepcionantemente, tampoco incorpora el necesario enfoque de género a la hora de analizar los delitos, empleando conceptos ya superados en el actual código penal. Interpretar debidamente el alcance de las violaciones de los Derechos Humanos y los delitos, es clave, así como identificar bien el universo de la diversidad de víctimas a reparar.

Incluso, de manera incomprensible, contribuye a la estigmatización del régimen democrático republicano, arrancando con éste y no con el 18 de julio de 1936, fecha del comienzo de la Guerra Civil, como punto de partida.

Tampoco incluye a todas aquellas personas de otros pueblos ibéricos y del mundo, que igualmente vieron sus derechos humanos conculcados en nuestra tierra y merecen la atención de las administraciones públicas de Cantabria.

Por otra parte, al contrario de lo que hacen otras leyes como la valenciana, deja sin reconocimiento a las víctimas de la represión en la retaguardia bajo responsabilidad del Gobierno de la República, que sin ser equivalente o equiparable a la producida en la del otro bando, también existió y debe incluirse. Por ejemplo, con el actual proyecto de ley en la mano, el sotrianu Eloy Campillo, cuyos restos se han recuperado e identificado recientemente, no tendría ningún derecho especial de consideración o reparación.

Además, deja la puerta abierta a la privatización de las políticas de la memoria, singularmente de las exhumaciones, que debieran ser responsabilidad de las instituciones públicas. Desde CNSV, proponen impulsar un Instituto Cántabro de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos, dotado de una estructura y equipo técnico estable.

Sobre las enmiendas presentadas por los partidos de la oposición, CNSV señala que “evidencian los déficits democráticos de estas formaciones”, revelan hasta qué punto se han instalado en el negacionismo histórico sobre los crímenes del franquismo, y han decidido ignorar las leyes internacionales que reclaman a España acciones de reparación. Algunas de estas formaciones políticas, expresan que esta legislación trata de “reabrir heridas”, cuando varias instituciones europeas han recordado ya al Estado español que no es posible permanecer más tiempo con una herida cerrada en falso, y que debe cumplir con la legislación internacional en materia de respeto y de extensión de los Derechos Humanos.

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