Según apunta la formación morada, esta solicitud se sustenta en que
en los últimos meses se han dado diversas denuncias cruzadas entre PSOE
y PP por posible fraccionamiento de contrato, así como se consolidó el
mantenimiento irregular de la terraza del mercado provisional y el último caso
que señalan es derivado de la contratación para exhumaciones en el
cementerio viejo.
Indican que dentro de esas acusaciones cruzadas se encuentra una denuncia por
fraccionamientos de contratos contra Pablo Ruz en su etapa de Coordinador de Cultura cuando
Mercedes Alonso fue Alcaldesa. Periodo en el que según su opinión se produjo en la Comunidad
Valenciana uno de los hitos históricos más oscuros en la corrupción de nuestro país, momento en
el cual Álvaro Pérez (El Bigotes) también estuvo por Elche fotografiándose con la Alcaldesa en un
momento en el que el expolio de los bienes públicos ilicitanos estaba en su momento más álgido.
Por otro lado, apuntan que en septiembre de este año, el interventor municipal expuso
diversas irregularidades en la concesión de subvenciones, contrataciones mayores y menores,
como pudiera ser en el caso de los contratos menores que no se encontrara justificada la
necesidad de los contratos pues eran planificables. Quedando según la formación y el interventor
menoscabados los principios de transparencia, publicidad y concurrencia, así como generando un
perjuicio en el gasto de los recursos que el Ayuntamiento recibe de la ciudadanía ilicitana.
El último caso conocido son las exhumaciones en cumplimiento de la Ley de Memoria
Histórica que comenzaron sin contrato y sin acabar la exposición pública, donde a juicio de
Podemos “el edil de contrataciones ha intentado evadir su responsabilidad haciendo lo peor
posible, intentar responsabilizar al trabajador, en este caso al arqueólogo municipal”.
En palabras de Moisés García miembro de la ejecutiva local, “venimos presenciando
durante los últimos años en torno a las contrataciones que realiza el Ayuntamiento, acusaciones y
resoluciones que a nuestro juicio, y así señala el interventor municipal, muestran que en este tema
siempre se trabaja al límite de la legalidad.
Es un derecho de la ciudadanía conocer aquello en lo que se gasta sus impuestos
municipales, y más en Elche y sus pedanías donde según el nivel impositivo que soportamos
existe un alto nivel de deficiencia en los servicios públicos que se reciben como contraprestación.
Por tanto, proponemos como se ha hecho en otros municipios, realizar una revisión de las
contrataciones donde también puedan participar los ilicitanos e ilicitanas, y conocer de primera
mano el alcance de las denuncias del interventor municipal que nosotras respaldamos”.
