Han pasado diez años desde aquel 14 de diciembre de 2006, en que entró en funcionamiento la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida como “ley de dependencia”. Una ley que durante todo este tiempo ha sufrido incumplimientos, moratorias, falta de financiación y conflictos de competencias.
El Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, en su último informe de febrero de este año, señala que un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia aun cuando tiene pleno derecho a las mismas.
En los últimos cuatro años, alrededor de 125.000 personas dependientes fallecieron sin llegar a recibir prestaciones o servicios. Evidentemente, estas personas no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de recibir atenciones.
Durante la X legislatura, el Gobierno Partido Popular aprobó sucesivas moratorias hasta que finalmente el 1 de julio de 2015 se culminó el calendario progresivo de implantación de la Ley, con el reconocimiento de derecho a atención a todas las personas dependientes sea cual sea su Grado.
Las medidas adoptadas por el Gobierno del PP frenaron en seco su desarrollo entre 2011 y principios de 2015, gracias al Real Decreto-ley 20/2013 de 13 de julio, que disfraza los recortes de derechos como la Dependencia; bajo el nombre de “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”.
Los recortes presupuestarios han supuesto una rebaja de la cota mínima aportada por el Estado, unos 266 millones de euros entre 2013 y 2014; y también la supresión, desde 2012, del nivel acordado de financiación, pasando de 283 millones de euros a cero. Un ahorro de 1.698 millones de euros, en los años 2012, 2013 y 2014. A grandes rasgos podemos estimar que los recortes ascienden a 2.000 millones de euros.
El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación. La Administración General del Estado aporta el 22,6% del gasto público y las comunidades autónomas el 77,4% restante. Ello contribuye al mantenimiento de gravísimas desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica.
Hoy por hoy, las personas en situación de dependencia que han logrado ser reconocidas por el sistema, siguen sin poder ser atendidas de forma integral, ya que se ha establecido una incompatibilidad completa de las prestaciones o se ha reducido el número de horas de atención en el domicilio (aun cuando siempre fueron insuficientes). Asimismo, ha disminuido la cuantía de las prestaciones a percibir y se ha incrementado el copago, una aportación por parte de los usuarios estimada en un 20% sobre el total de gasto directo del sistema.
La aplicación de la Ley es mejorable en fondo y forma. Ello requiere mayor voluntad, transparencia y cooperación entre todas las instituciones, por encima de intereses locales, geográficos o partidistas.
Todo esto a quien desde luego ni preocupa ni afecta es a Don Mariano Rajoy Brey, quien carga a los presupuestos de La Moncloa, es decir, a todos los contribuyentes, incluidos los dependientes que no reciben prestaciones ni servicios, los gastos derivados del cuidado y acompañamiento de su padre durante las 24 horas del día; una tarea de la que se ocupan dos sanitarios que se reparten los cuidados en turnos.
Moncloa nunca ha aclarado cuál es el desembolso que hace cada mes en este concepto, pero los expertos en cuidados a domicilio sí han dado sus cifras. Unos 3.400 euros mensuales es la cantidad que, como mínimo, costaría tener a dos personas en casa para que atendiesen a un anciano las 24 horas del día y los siete días de la semana.
No es tan importante el coste en sí mismo que suponga la atención al padre de Mariano Rajoy, sino la desfachatez política de quien ha detonado la Ley de Dependencia.
