Desde el inicio de esta legislatura venimos trabajando por la recuperación de todos los recursos y servicios públicos que han sido saqueados y/o entregados al sector privado a lo largo de estos últimos 20 años. Esta apuesta son las (re)municipalizaciones. Se lo debemos a la ciudadanía porque las instituciones públicas, que mantenemos entre todas con nuestros impuestos, están para garantizar derechos, ofrecer servicios y, por qué no, para generar empleo público, pero para lo que no deben estar es para hacer negocios unos pocos.

Nos estamos encontrado con muchos obstáculos para poder conseguir nuestros objetivos. Obviamente nuestras limitadas fuerzas dentro de la institución son una de estas dificultades añadidas, pero no es en eso en lo que nos vamos a centrar, ya que aun siendo pocos en número, con determinación y objetivos claros se pueden hacer muchas cosas dentro del ayuntamiento.

En general, el resto de la corporación no ha tenido nunca como prioridad la recuperación y fortalecimiento del sector público local. Se ha argumentado de todo: no hay personal suficiente para asumir la gestión, aumentaría el gasto al asumir los costes de maquinaria y material, seria injusto que los trabajadores se equiparan al funcionariado sin procesos de oferta publica, sería más caro para el ayuntamiento, la ley “Montoro” y los “Presupuestos Generales” limitan las posibilidades, etcétera, etcétera.

Sin embargo, es curioso que nadie cuestione el modelo de contratación pública actual. ¿Es verdad que es tan eficaz, reduce la carga de trabajo descongestionado la gestión municipal, sale más barato a los y las contribuyentes, aumenta la calidad del servicio…?.

Empecemos por la carga de trabajo. La gestión indirecta de servicios por mediación de la contratación pública necesita de un departamento exclusivo dedicado al estudio y aplicación de la normativa en contratación. Abogada, administrativos, auxiliares, solo se ocupan de gestionar los más de cien servicios y empresas que están vinculadas al ayuntamiento. De esta manera se podría pensar que los departamentos y concejalías que precisan de los servicios de las empresas estarán descargados de esa gestión. Pues no, cada concejalia tiene que redactar su pliego de condiciones técnicas con lo que buena parte del tiempo de gestión de la administración es ocupado en temas relacionados con la contratación de empresas, o sea con la privatización y externalización de servicios.

Además, cada dos por tres el ayuntamiento tiene que afrontar contenciosos ya que las empresas han denunciado los pliegos técnicos por diversas razones y en varias ocasiones este año. Ha pasado con el pliego de parques y jardines o con la contratación de los conserjes para los parques 9 d’octubre y el Campet, provocando una sobrecarga de trabajo para los técnicos del departamento de contratación que tienen que volver a revisar las plicas y reiniciar los procesos de nuevo, y sobre todo, gastos imprevistos en los servicios “externalizados” de defensa jurídica. Lo que provoca un desbarajuste constante en la gestión local.

Las contratas son las estructuras más proclives a procesos de corrupción vinculadas a la administración. ¿Cómo podemos garantizar la calidad del servicio que prestan las contratas si no son controladas por la administración y la ciudadanía?. No conocemos cómo se trata a los trabajadores, o si están aplicando medidas medioambientales, o si cumplen con los criterios de adjudicación en materia de diversidad en el que se apliquen cláusulas sociales donde se garanticen derechos laborales, obligaciones medioambientales y fórmulas de inserción laborar para personas con discapacidad. Pero tanto la legislación vigente, que está redactada para beneficiar a las empresas, como la estructura judicial en materia de contratación, frenan la posibilidad de esta regulación. Las empresas, como ya hemos visto, a las primeras de cambio ganan los contenciosos y obligan a la administración local a plegarse a sus intereses ahogando la soberanía municipal.

Nos preguntamos por qué si la contratación pública genera tanta dedicación, recursos y quebraderos de cabeza no es cuestionada. Tiene fácil explicación, es el modelo central de las políticas neoliberales en su concreción local que se ha asumido como el único modelo “político”. Pero ésta es la opción de los de siempre, de las oligarquías, de la derecha y no tenemos por que asumirlo también los que queremos hacer políticas desde abajo, de las izquierdas y menos la que se reivindica transformadora. Es urgente crear una masa crítica que defienda los intereses de la ciudadanía y acabe con la hegemonía de la gestión mercantilista en las administraciones. La personas debemos ser lo primero.

Sergi Cremades Fernández
Secretario General de Podem Petrer

Deja un comentario