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PACMA, Lex Ànima y la Fundación Altarriba denuncian ante la Fiscalía a dos altos cargos de la Generalitat por prevaricación, malversación y un presunto delito contra el medioambiente

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 Los delitos se habrían cometido presuntamente por la
consellera Teresa Jordà y la directora Anna Sanitjas del
Departamento de Acción Climàtica de la Generalitat de
Cataluña.
 Las denunciadas otorgaron permisos para la cría intensiva de
conejos en granjas cinegéticas autorizando la suelta de 15.000
animales y la caza de más de 20.000 de zorros en dos años y
provocando un aumento de población de conejos. Destinaron,
después, fondos públicos a sociedades de cazadores para
erradicarlos. 

Barcelona, 04 de abril de 2023

– El Partido Animalista PACMA, la
asociación de juristas Lex Ànima y la Fundación Altarriba han
interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General contra la
consellera Teresa Jordá y la directora del Departamento de Acción
Climática de la Generalitat de Cataluña, Anna Sanitjas, por haber
desviado, presuntamente, casi 2.000.000 millones de euros de fondos
públicos al sector cinegético para controlar supuestas plagas de
conejos que habría sido provocadas por las sueltas provenientes de

granjas cinegéticas que previamente habrían autorizado. 
 
Según las entidades denunciantes, Jordá y Sanitjas dieron carta blanca a
la suelta de más de 15.000 animales cinegéticos (entre ellos unos
12.000 conejos) por toda Cataluña desde el año 2021. Además, habrían
autorizado la matanza de unos 20.000 zorros provocando la ausencia de
depredadores naturales. La situación habría derivado en la actual supuesta
“sobreproblación” acusada por los agricultores que derivó en protestas
como la del pasado 03 de marzo. 
 
Ahora, la Generalitat intenta aplicar soluciones basadas en el uso de, entre
otros métodos, el polémico fosfuro de aluminio; veneno presuntamente
responsable de la muerte de una madre y su hijo en Segovia a finales de
marzo. 
 
Fosfuro de aluminio: un biocida potencialmente mortal para el
ser humano
 
El fosfuro de aluminio es un veneno mortal para las especies animales,
incluido el ser humano. Su combinación con la humedad ambiental
produce fosfina; una sustancia altamente tóxica y peligrosa para cualquier
ser vivo que bloquea el mecanismo fisiológico de la respiración
mitocondrial. 
 
Afecta de forma no selectiva a todas células del organismo, tratándose, por
tanto, de una de las sustancias de mayor toxicidad que se conocen. Su
falta de selectividad hace que pueda eliminar cualquier forma de vida
animal, desde insectos a reptiles, anfibios, aves y mamíferos, pudiendo
constituir ello, además, un posible delito contra el medio ambiente,
tipificado en los artículos 334 y 336 del Código Penal.
 
Según argumentan los denunciantes, la Generalitat no habría obtenido
los correspondientes permisos del Ministerio de Agricultura para el
uso de este veneno, ordenando, igualmente, que se emplease en hasta
300 puntos a lo largo de la LV-7041 de Soses a Malcoreig. La empresa
encargada de la tarea, Miarnau Agritecno S.L., pertenece a un conocido
agricultor de cereales de Lérida vinculado al sector cinegético. 
 
Desde Lex Ànima afirman que dicha empresa consta con el CNAE “venta
de cereales al por mayor”, y que no ha publicado ninguna licitación en el
portal de contratación de la Generalitat de Cataluña, lo que, a su parecer,
es un “manifiesto cúmulo de presuntas ilegalidades, constatándose la
utilización fraudulenta de fondos públicos para verter veneno a muchos
kilómetros de distancia de donde se hallan los presuntos campos de cultivo

que deben protegerse de los conejos”. 
 
Mesas de gestión medioambiental con veto a abogados,
veterinarios y científicos
 
Tal y como describen las entidades denunciantes, Jordá y Sanitjas crearon
las “Mesas de Gestión del Medio Ambiente del Territorio Catalán” para
la toma de decisiones relativas a la fauna de cada provincia. Sin embargo,
la asistencia a dichas mesas habría sido vetada a los colegios de
abogados, veterinarios y a los científicos de las universidades que
habrían manifestado “reiteradamente su voluntad de asistencia”,
permitiendo, únicamente, la asistencia de asociaciones del sector
cinegético relacionadas con asociaciones agrícolas.
 
Es, precisamente, en dichas Mesas de Gestión del Medio Ambiente donde
los denunciantes sostienen que “se promulgan, sin base científica o legal
alguna, las diferentes plagas de animales en función de los intereses
cinegéticos que van surgiendo y que se circunscriben a intentar justificar
pagos de importantes sumas de dinero público y otros beneficios
económicos para el sector cinegético”. 
 
Según afirman PACMA, Lex Ànima y Fundación Altarriba, la Generalitat
seguiría concediendo y renovando permisos para granjas de cría
intensiva de especies cinegéticas, entre las que se encuentran la Granja
Cunícula Can Isidret, El Corral de la Rovira, Cinegética Comellas, Granjas
Claro SL, Granja La Soleia, Criador Cinegètic Ramírez, La Verneda, e
incluso la Societat de Caçadors de Torrelavit.
 
En la denuncia, las entidades alegan que las decisiones tomadas por las
denunciadas, con la “expresa intención de hacer prevalecer los intereses
económicos del sector cinegético en la gestión del Medio Ambiente” han
provocado una alteración del ecosistema “dañando el patrimonio natural
e incidiendo, directamente, en el incremento de la población de conejos en
algunas áreas”.

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