La Justicia tiene miles de ejecuciones hipotecarias que han terminado en desahucios de familias, cuando eran los bancos quienes debían dinero a las familias. Increíble pero cierto.
En 2007 la entonces ministra de Vivienda Carme Chacón abrió diez juzgados dedicados en exclusiva, a agilizar los desalojos de inquilinos y su gobierno firmó más de un decreto dentro del “Plan Chacón” por los desahucios exprés.
El portavoz parlamentario del PP Eduardo Zaplana, recordó que los socialistas votaron contra alguna de las medidas para agilizar los desahucios. Y el secretario general de los populares, Ángel Acebes, acusó a Chacón, de «plagiar» las medidas de vivienda del programa electoral del PP.
Son los miembros de los Gobiernos de España quienes juran o prometen velar por el Interés General, pero han legislando siempre a favor de los Bancos.
En diciembre del 2011 Mariano Rajoy jura su cargo como nuevo presidente. Y los desahucios de viviendas y locales durante el primer trimestre del 2012 en España, alcanzaron la cifra de 517 diarios, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En mayo de 2013 el Tribunal Supremo español se pronunció en contra de las cláusulas suelo, al considerar entre otras cosas que: «resultaban gramaticalmente inteligibles para los consumidores», pero al mismo tiempo limitan las compensaciones a los afectados. A pesar de que considerar que llevaban razón y que los términos son abusivos. Limitan todo lo abonado irregularmente desde la firma de los contratos hasta entonces no podía ser reclamado, el Supremo aducía las consecuencias macroeconómicas para el sistema financiero.
Y en enero del 2017 llega la sentencia del Tribunal de la UE sobre las cláusulas suelo y otras polémicas como la devolución de los gastos de formalización.
Y podemos ver el destarifo cuando no el ridículo y la falta de vergüenza:
Gobiernos legislando contra las familias y favoreciendo a los Bancos.
El Tribunal Supremo se preocupado más por la macroeconomía que el Ministerio de Economía.
Entre los Bancos y la Justicia se sitúa los gobiernos, y no entre las familias y los Bancos.
Y desde Europa sentencian en 2017 que son las entidades bancarias quienes deben dinero a las familias y que se han beneficiado de legislaciones perniciosas.
Y por el camino han quedado miles de sueños rotos, proyectos de futuro fracasados y familias destrozadas.
