El jueves 22 de febrero de 2018, miles de pensionistas de toda España se han manifestado en más de 40 localidades para reclamar pensiones dignas. También en Alicante centenares de jubilados, casi se han concentrado frente al Ayuntamiento, desplazándose después de modo espontáneo hasta la Subdelegación del Gobierno. Hace casi dos meses, exactamente el jueves 28 de diciembre, presenté al Pleno del Ayuntamiento de Alicante en nombre de la Intersindical Valenciana una propuesta de moción a partir de la cual después Guanyar Alacant hizo una propuesta institucional que solo fue respaldada por Compromís y que no salió adelante por el voto en contra del Partido Popular y la sorprendente abstención de Ciudadanos y del Partido Socialista. Reproduzco a continuación la moción entonces presentada que adquiere ahora más relevancia después de las movilizaciones generalizadas en todo el Estado.

¡Hola! Buenos días a todas y todos. Esta mañana estoy yo aquí en mi condición de jubilado y en nombre de la Intersindical Valenciana para poner voz a la preocupación de cientos de miles jubilados y pensionistas que vemos con preocupación como se nos recorta cada año nuestra pensión y con ello nuestro poder adquisitivo frente al crecimiento del coste de la vida, y que vemos como se va quedando vacía la “hucha de las pensiones” que con tantos esfuerzos contribuimos a crear en años anteriores gracias a nuestras cotizaciones que generaron un superávit en las cuentas de la Seguridad Social.

A día de hoy la situación de las pensiones en España es preocupante. Somos el Estado de la Unión Europea que más va a recortar en pensiones hasta el año 2060. Esta situación agravada por los bajos salarios y la precariedad en el trabajo no va a permitir una mejora en los años venideros.

La reforma del año 2011, fruto de una crisis económica mundial, abrió el camino para una reducción en el gasto en materia de pensiones y se consolidó en el año 2013 cuando se aprobó el retraso en la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, aumentando el número de años necesarios para acceder al 100% de la pensión de jubilación, pasando de los 35 a los 37 años cotizados, endureciéndose las condiciones para el acceso a una jubilación anticipada y a la jubilación parcial, se modificaron las normas de cálculo de la base reguladora de la pensión, y también los tipos aplicables en función del número de años cotizados, lo que ha dado lugar a un sistema de pensiones cada vez más depauperado y que aún lo será más a partir de enero.

La reforma del 2013 se basó en dos aspectos fundamentales, el primero tiene que ver con la introducción del índice de revalorización, que vino a sustituir al que ya se calculaba sobre las pensiones con arreglo al IPC por un nuevo baremo aprobado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, el cual ha supuesto en la práctica la congelación de las pensiones durante años. Así, este año, se ha apostado, de nuevo otra vez, por una revalorización de las pensiones del 0,25% mientras que se prevé que la inflación se sitúe al menos en el 2%, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo para todas las personas pensionistas del 1,75% solo este año. Esta medida atenta directamente contra el derecho a tener una pensión de jubilación actualizada según prevé el artículo 50 de nuestra Constitución, y por lo tanto debe ser suprimida y debe volverse a la anterior regulación que preveía la actualización de las pensiones con arreglo al IPC, lo cual permitiría mantener el nivel adquisitivo de las pensiones, cosa que ahora no sucede, y evitar el que se provoque un empobrecimiento general de las personas pensionistas.

La segunda medida tiene que ver con el adelanto a 2019 de la aplicación del factor de sostenibilidad, el cual hace posible que al realizar el cálculo inicial de la pensión de jubilación se tenga en cuenta la esperanza de vida de la persona pensionista en el momento en que esta accede al sistema, introduciendo una ostensible rebaja en la cuantía a percibir. Se estima que esta medida supondrá una reducción del valor de las pensiones en torno a un 5% en una década, de manera que en el año 2050 se podrían bajar hasta un 20%. Esta medida atenta contra el principio de suficiencia de las pensiones contenido en el artículo 41 de nuestra Constitución y, por lo tanto, también debe suprimirse.

Una de las justificaciones que han utilizado los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, para aprobar estas medidas se basa en razones de tipo demográfico como el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población. Pero lo cierto es que no existen razones demográficas objetivas que justifiquen esta reforma, siendo su único objetivo reducir el gasto y, sobre todo, ir hacia un nuevo modelo de pensiones públicas muy reducidas y de carácter asistencial que tendrían que ser complementadas con las pensiones de carácter privado. Todas estas medidas se han intentado justificar con la excusa de la crisis económica, y lo cierto es que con su aplicación han contribuido al empobrecimiento de muchos pensionistas.

En la medida en que en las instituciones públicas no se empiece a legislar para la mayoría de la gente y por el contrario se siga favoreciendo a los sectores privados difícilmente  conseguiremos  salir  del   empobrecimiento  progresivo  de   nuestros pensionistas.

Señores y señoras concejales, nuestros mayores tienen que tener asegurada una pensión digna y por eso, ahora que los indicadores marcan una recuperación económica, ahora que se nos suben los recibos de luz y gas, ahora que positivamente se llegan a acuerdos aunque todavía insuficientes sobre el salario mínimo interprofesional, ahora pedimos al Gobierno del Partido Popular que se aprueben las necesarias reformas legislativas para garantizar un sistema de pensiones que frene las desigualdades y el empobrecimiento progresivo y que supere el “ridículo” techo del 0,25% de aumento anual. Muchas gracias.

Fernando Quilis Tauriz
Secretario de Organización de Podemos Alicante

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